La cantidad de beneficiarios de la Renta Dignidad creció en más del 72% entre 2008 al 2025, al pasar de 752.338 a 1.296.543 personas mayores de 60 años, mientras el presupuesto para el pago del beneficio llegará a Bs 5.529 millones en la próxima gestión.
“Desde su creación, la cantidad de beneficiarios y el presupuesto destinado a la Renta Dignidad han crecido de manera sostenida. En 2008, el bono alcanzó a 752.338 personas, con un presupuesto de Bs 1.615 millones. En 2023, los beneficiarios sumaron 1.209.316 y el presupuesto ascendió a Bs 5.060 millones. Para 2025, se proyectan 1.296.543 beneficiarios y un presupuesto de Bs 5.529 millones”, refiere una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La Renta Dignidad llega a las personas de 60 y más años que residen en el país, excepto aquellas que cobran un sueldo del sector público, no están registradas en la Base de Datos de Beneficiarios de la Renta Dignidad o cuentan con una resolución de suspensión por alguna irregularidad comprobada.
Actualmente, este beneficio consiste en el pago mensual de Bs 350 para quienes no contribuyeron al sistema de pensiones y de Bs 300 para quienes sí aportaron. El 80% de los beneficiarios pertenece al primer grupo.
La Renta Dignidad tiene un carácter vitalicio y a la muerte del beneficiario genera un beneficio adicional, que son los Gastos Funerales (Bs1.800) que reciben quienes corren con los gastos del sepelio.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), publicado en junio de 2024, estableció que la Renta Dignidad ha reducido la pobreza en 20 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 10 puntos entre los adultos mayores. Su impacto reafirma su importancia como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.
Con el objetivo de garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos públicos con los que se financia este beneficio, el Gobierno nacional planteó en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 excluir del pago a los trabajadores del sector privado, empresarios y militares jubilados que se jubilan con el 100% de su sueldo.
Según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, la propuesta busca “volver al espíritu original de esta política social, la cual busca contribuir a la reducción de la pobreza en la vejez”.
Cada año aproximadamente 40.000 adultos mayores se incorporan al universo de beneficiarios de la Renta Dignidad.
Con la disposición adicional quinta del proyecto de ley del PGE 2025, que modifica el artículo 3 de la Ley 3791, que creó la Renta Dignidad en 2007, no recibirán este beneficio los adultos mayores que continúen activos laboralmente en el sector privado; este segmento volverá a cobrar el beneficio una vez deje su actividad laboral; los accionistas, socios o directores de Sociedades Comerciales, con Registro de Comercio, es decir, empresarios.
Además, están contemplados quienes perciben la Fracción Complementaria pagada con recursos del Tesoro General de la Nación, es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas, que gracias a ese componente se jubilan con el 100% de sus sueldos, (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación de 1989, aprobada en el gobierno de Jaime Paz Zamora).
Según Apaza, los límites planteados en la ley del presupuesto, alcanzarán a aproximadamente al 1% de los más de 1,2 millones de beneficiarios actuales, es decir, a algo más de 12.000 personas.
“La propuesta es que esos recursos sean utilizados para pagar a las personas que sí son vulnerables, que necesitan esta renta. Esos recursos van a ser asignados a los nuevos 40.000 beneficiarios que vamos a tener en la siguiente gestión. La gran mayoría no va a ser afectada”, recalcó.
El viceministro aseguró que los adultos mayores del sector informal seguirán recibiendo la Renta Dignidad. “Ellos representan un segmento vulnerable, con trabajos precarios y sin acceso a un empleo formal. Este beneficio está garantizado para ellos”, subrayó.
Fuente: ABI
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