La Defensoría del Pueblo, mediante su titular Pedro Callisaya, lanzó un llamado urgente a las autoridades nacionales y municipales para garantizar que el precio del pan de batalla se mantenga accesible para la población.
Callisaya expresó su preocupación por la “incertidumbre” generada tras la decisión del sector panificador de incrementar el precio de la unidad de pan de Bs 0,50 a Bs 0,80.
“Tiene que haber una acción estatal desde las alcaldías hasta las instancias de control gubernamental del nivel central. Hay que darle certidumbre a la población y cuidar que no se impacte negativamente en los bolsillos en la economía boliviana”, afirmó.
Pan
El llamado se da en un contexto de incertidumbre e irregularidad con el precio del batalla, el cual, hasta el lunes, era sostenido por un sistema de subsidios que garantizaba harina subvencionada y otros insumos, lo que permitía su venta a Bs 0,50.
Sin embargo, tras la suspensión de esos apoyos, los panificadores anunciaron un ajuste de precio a Bs 0,80, alegando que ya no pueden absorber los costos con insumos del mercado.
De acuerdo con la Defensoría, el conflicto repercute directamente en los consumidores, pues se traslada a ellos el incremento de los costos de materia prima. A raíz de esto, mientras las autoridades ratifican que la política es mantener el pan subvencionado en Bs 0,50, varios hornos y tiendas ya venden a Bs 0,80, generando desconfianza y protestas de consumidores.
Callisaya advirtió que no basta con declaraciones o con anuncios, sino que se requieren acciones concretas. “Hay que acelerar esta situación para que la población tenga un referente de control”, afirmó.
Asimismo, urgió a los municipios a reforzar la fiscalización sobre precio y gramaje, para evitar abusos en un contexto de crisis económica y aumento generalizado del costo de vida.
Por su parte, el Gobierno aseguró que trabaja en un plan «totalmente diferente a la subvención», pero que permitirá que el precio del pan se mantenga cercano a los Bs 0,50.
La Razón
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