El análisis del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026 encendió las alarmas entre los especialistas económicos y financieros, quienes advierten sobre una desconexión entre las proyecciones gubernamentales y la realidad económica del país.
Correo Play conversó con el analista financiero Jaime Dunn y el economista Mauricio Ríos con respecto a análisis y críticas que surgen en torno al PGE.
Según Dunn, aunque el presupuesto “dice la verdad” al reconocer la contracción e inflación, las cifras revelan un panorama en el que se detectan ingresos inflados por Bs 15.000 millones, gastos no declarados correctamente por 8.000 millones y proyectos inviables por un valor de 5.000 millones.
Uno de los puntos más álgidos es el déficit fiscal. Mientras la cifra oficial se sitúa en el 9,2%, los expertos señalan que, al recalcularla con la base del PIB anterior, el déficit real se aproxima al 11%. Esta brecha financiera plantea la interrogante de cómo se financiará el gasto público, con la sospecha de que se recurrirá nuevamente a la emisión monetaria por parte del Banco Central, lo que impulsaría una inflación de dos dígitos, estimada en torno al 12%.
Por su parte, Ríos enfatiza que el presupuesto es una «ilustración de un problema mucho más serio: la improvisación». Ríos critica medidas como la legalización de «autos chutos», calificándola de «oportunismo fiscal» y un «parche» desesperado para intentar solucionar los problemas derivados de un mal diseño presupuestario.
Además, la estructura del gasto sigue siendo profundamente rígida, el gasto corriente representa entre el 68% y el 70% del presupuesto total (aproximadamente Bs 265.000 millones), lo que demuestra que el Estado continúa priorizando el mantenimiento de la burocracia por encima de la inversión productiva. Para los analistas, este nivel de déficit no es sinónimo de austeridad, sino de una prolongación de la crisis hacia el futuro.
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