Ahoradigital.- La Fiscalía de Chuquisaca avanzó en la investigación por la presunta injerencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso judicial entre Fancesa y Soboce, con la toma de declaraciones de la exembajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras, y del exministro de Economía, Marcelo Montenegro.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Alexander Mendoza, confirmó que ambos ya prestaron su declaración informativa dentro de un proceso en el que actualmente existen nueve personas investigadas.
La Fiscalía también tiene previsto recibir las declaraciones de Ricardo Condori Tola, Fabiola Consuelo Salazar y César Adalid Siles. En estos casos, los testimonios serán tomados mediante cooperación de la Fiscalía de La Paz.
La investigación alcanza además al propio Rodríguez Zapatero y a su colaboradora María Gertrudis Alcázar. Para conocer la versión del exmandatario español y de Alcázar, el Ministerio Público boliviano recurrirá a mecanismos de cooperación internacional.
El caso se originó a partir de un informe de la Policía española que señala una presunta intervención de Zapatero en el conflicto judicial entre Fancesa y Soboce. De acuerdo con ese informe, el exmandatario habría recibido 200.000 euros por servicios que, según los investigadores españoles, estarían vinculados con gestiones de influencia ante autoridades bolivianas.
Entre los antecedentes que son objeto de investigación están los contactos que Zapatero mantuvo durante su visita a Bolivia en septiembre de 2024. Según el informe de la UDEF citado por medios españoles, durante ese viaje sostuvo reuniones con el entonces presidente Luis Arce y con Marcelo Montenegro, además de otros contactos con autoridades bolivianas.
El proceso judicial entre Fancesa y Soboce derivó en una resolución que dispuso el pago de aproximadamente Bs 744 millones, y la Fiscalía busca establecer si existió algún tipo de intervención indebida para favorecer los intereses de la empresa vinculada al Grupo Gloria.
Por ahora, la investigación continúa en etapa de recolección de información y declaraciones. La Fiscalía deberá determinar, a partir de los testimonios y de la documentación obtenida mediante cooperación internacional, si las acusaciones contenidas en el informe español tienen sustento y si existieron responsabilidades en Bolivia.
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