El procurador general del Estado, Hugo León Lafaye, anunció la activación del caso Botrading II al detectarse un daño económico de $us 55 millones cuyo destino —según argumentó— aún se desconoce.
La autoridad informó que el proceso se suma a la investigación ya abierta por el caso Botrading I, ambos vinculados a contratos y desembolsos realizados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Botrading
Lafaye explicó que el Gobierno conformó una Comisión de la Verdad para investigar inicialmente el caso Botrading I y ampliar el alcance de las indagaciones. La comisión está integrada por el presidente del Senado, Diego Ávila; el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; el presidente de YPFB, Yussef Akly; el Viceministro de Transparencia y representantes de fuerzas políticas.
El procurador señaló que este miércoles se presentó una complementación de denuncia dentro del proceso que se sigue en el Ministerio Público en la ciudad de La Paz. Según detalló, el caso Botrading I se originó tras la resolución de un contrato adjudicado a Petroperú.
Investigación
Posteriormente, el contrato fue otorgado a la empresa Botrading con una diferencia de más de medio millón de dólares entre ambas propuestas. “Se resolvió un contrato con Petroperú y al final se adjudicó a Botrading por más de medio millón de dólares de diferencia”, afirmó Lafaye.
En el marco de auditorías forenses conjuntas, se detectó que YPFB entregó $us 80 millones a Botrading para iniciar operaciones. De ese monto, solo 25 millones de dólares fueron devueltos, mientras que 55 millones de dólares permanecen sin explicación. “Quedan flotando 55 millones de dólares”, remarcó el procurador al referirse al daño económico identificado.
Lafaye informó que una de las representantes legales de la empresa en Paraguay era socia de un estudio jurídico que cobró $us 1,5 millones. Indicó que existen pruebas, documentos y testimonios que respaldan las denuncias presentadas ante la Fiscalía.
Corrupción
En el caso Botrading I, el Ministerio Público investiga a nueve personas. Para el caso Botrading II, el número de investigados supera las 20 personas, entre exdirectores, gerentes y otros funcionarios.
El procurador anunció que se solicitará la inmovilización de bienes de los implicados para garantizar la recuperación de los recursos.
Además, afirmó que el Gobierno continuará ampliando las investigaciones a otras instituciones del Estado involucradas en hechos de corrupción.
La Razón
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