El Gobierno de Jeaninne Áñez autorizó “misteriosamente” en 2020 la capitalización del intervenido Banco Fassil, pese a que en 2019 se le negó porque no cumplía requisitos de la entidad de regulación, reveló este miércoles el presidente Luis Arce.
“Había solicitudes de capitalización que estaba haciendo Fassil en ese momento (en 2019), ASFI tenía que aplicar la normativa, son como 20 millones o 40 millones, no recuerda exactamente la cifra, pero habían pedidos de Fassil para capitalizarse como banco”, rememoró en una conferencia de prensa con periodistas en Casa Grande del Pueblo.
A pesar de la insistencia, no se le dio curso y, por el contrario, se instruyó una mayor fiscalización.
“Cuando yo estuve de ministro (de Economía, en 2019), y estuvimos viendo con la ASFI, no se produjo esa capitalización que, misteriosamente, en el gobierno de facto, sí se lo hizo”, reveló sin dar mayores detalles.
Arce desafió a los periodistas investigar “si fue una situación normal” la autorización de esa capitalización de la entidad financiera, que el 26 de abril fue intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en virtud al incumplimiento en el pago de una y más obligaciones contraídas con sus clientes.
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“Ustedes (a los periodistas) pregúntense si fue una situación normal, eso se los dejo para que ustedes investiguen porque lo cierto es que al final se produjo la capitalización que nosotros habíamos negado, porque no cumplía los requisitos simplemente, no por otra cosa”, aseguró.
Si bien eso sucedió en 2020, de acuerdo con Arce, la situación del ahora intervenido Banco Fassil empezó a generar “ruido” desde el 2019, cuando los afiliados a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia se quejaban porque esa entidad financiera estaba pagando las tasas más altas del sistema financiero por depósitos a plazo fijo (DPF).
Ofrecía 6, 7 y 8 por ciento de intereses, cuando en el resto estaban en promedio entre el 4 y 4,5 por ciento al año.
Fue entonces que empezó la labor de fiscalización a Fassil, sin embargo, ésta fue paralizada en noviembre de 2019 con la ruptura del orden constitucional.
Si bien esta labor se retomó en 2021, los ejecutivos de la entidad financiera respondían a la fiscalización con amparos y procesos a los funcionarios de la ASFI.
Ya en estos últimos meses, Fassil reportó problemas de liquidez, no pagaban cheques y suspendió el uso de tarjetas, “todo un caso hasta que ocurre la intervención de ASFI”, indicó.
Arce afirmó que, si bien el caso de esta entidad generó “ruido”, no involucra a todo el sistema financiero porque “está sano, está bien”.
Hasta el momento, cuatro exaltos ejecutivos del Banco, acusados por delitos financieros, están con detención preventiva: Ricardo M. O., Presidente Ejecutivo de la entidad financiera; Jorge Arturo CH.V., Gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; y Hermes Hugo S. C. ejecutivo.
Tomado de ABI
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