La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) salió al paso de las críticas relacionadas con la situación del Cerro Rico de Potosí y aclaró que su gestión se concentra en la regulación, control y fiscalización de la actividad minera, y no en la conservación del patrimonio histórico y cultural.
La entidad, dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, emitió un comunicado después de que se difundieran declaraciones que cuestionaban una supuesta priorización de intereses económicos por encima de la preservación del Cerro Rico.
La AJAM precisó que sus atribuciones están establecidas en la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, norma que le asigna responsabilidades vinculadas con la dirección, administración, control y fiscalización de la actividad minera en el país.
Entre sus funciones también están la administración del Registro Minero, el Catastro y Cuadriculado Minero, además de la tramitación de derechos y autorizaciones mineras contemplados en la legislación vigente.
Cerro Rico
La aclaración marca una diferencia entre la regulación de las actividades mineras que generan empleo e ingresos en Potosí y la obligación de preservar un sitio considerado patrimonio histórico y cultural. La AJAM sostiene que no puede asumir competencias que no le fueron otorgadas por ley.
“La preservación y conservación del Cerro Rico como patrimonio histórico y cultural no se encuentra bajo tuición de la AJAM”, señala el comunicado.
La institución remarcó que sus actuaciones deben limitarse al marco de sus competencias legales y rechazó que se le atribuyan responsabilidades que corresponden a otras instancias del Estado.
El pronunciamiento se produce en un contexto en el que el Cerro Rico mantiene una doble dimensión: por un lado, su enorme valor histórico y cultural para Potosí y Bolivia y, por otro, su importancia económica debido a la actividad minera que se desarrolla en su entorno.
La AJAM aseguró que continuará ejerciendo sus funciones bajo criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional, y manifestó su disposición a proporcionar información oficial sobre sus actuaciones y decisiones dentro del marco de la normativa minera vigente.
La aclaración busca, de esta manera, delimitar las responsabilidades institucionales frente a un tema que combina patrimonio, actividad productiva, empleo y regulación minera, evitando que las competencias de una entidad se confundan con las obligaciones de otras instancias encargadas de la protección y conservación del Cerro Rico.
La Razón
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