La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) expresó su preocupación por el avance de la minería ilegal y los avasallamientos en La Asunta, y pidió al Gobierno reforzar la presencia del Estado para frenar actividades que, según el sector, adquieren una dimensión similar a otros delitos vinculados al crimen organizado.
El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, señaló que los trabajadores mineros realizaron una movilización el 18 de septiembre en rechazo a la minería ilegal y los avasallamientos, además de advertir que el problema se ha hecho evidente desde febrero.
Paye cuestionó la actuación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y sostuvo que la entidad enfrenta dificultades para ejercer control en las zonas donde se desarrollan actividades mineras al margen de la normativa.
“Hoy en día apenas hace algo la AJAM, pero se ha desnudado ya hace bastante tiempo, desde el mes de febrero, que la minería ilegal está fuerte”, afirmó.
Minería ilegal
Uno de los principales cuestionamientos del dirigente apunta a la presunta participación de empresas y operadores extranjeros en actividades mineras desarrolladas junto a algunas cooperativas bolivianas.
“Las empresas chinas, brasileras, se asocian con algunas cooperativas. Les dan el 20% a ellos y el 80% para esos mineros extranjeros”, denunció, sin presentar mayores detalles sobre las empresas a las que hizo referencia.
Ante esta situación, Paye demandó medidas para evitar lo que calificó como una creciente pérdida de control sobre los recursos naturales del país.
“Basta de tanta enajenación de nuestros recursos naturales”, manifestó, al remarcar que el problema ya no puede ser considerado un asunto aislado.
Violencia
El dirigente también cuestionó las condiciones en las que operan las instituciones encargadas de fiscalizar la actividad minera. Afirmó que, en algunos casos, los funcionarios que envían a determinadas zonas, los reciben con violencia e incluso con armas de fuego.
“La AJAM tiene un papel fundamental. Tiene que sentar soberanía, pero no está pudiendo”, sostuvo.
Paye advirtió además que la minería ilegal estaría vinculándose con otras actividades ilícitas, como el narcotráfico y el contrabando, y aseguró que el problema evidencia una limitada presencia estatal en determinadas regiones.
“No hay presencia del Estado”, afirmó.
La FSTMB pidió que la situación en La Asunta reciba atención prioritaria y que se fortalezcan los controles para evitar que la minería ilegal, los avasallamientos y otras actividades ilícitas continúen expandiéndose en el país.
La Razón
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