Bolivia deberá eliminar desde enero de 2027 la subvención estatal a los combustibles, avanzar hacia un tipo de cambio determinado por el mercado y reducir el déficit fiscal en el marco del programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla un financiamiento de 1.900 millones de dólares por 36 meses.
El acuerdo, plasmado en un Memorando de Políticas Económicas y Financieras, establece una consolidación fiscal equivalente a aproximadamente 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2026 y 2029. El objetivo es eliminar el déficit primario del Sector Público No Financiero y reducir el déficit fiscal global hasta cerca del 3,5% del PIB al finalizar el programa.
Una de las principales medidas será la eliminación de la subvención a los combustibles. El documento señala que los precios internos se mantendrán temporalmente durante 2026, pero desde enero de 2027 deberán avanzar hacia niveles de recuperación de costos. El Presupuesto General del Estado de ese año no deberá contemplar recursos del Tesoro ni de empresas estatales para sostener la subvención.
El programa también prevé una mayor participación privada en la importación y comercialización de combustibles. Asimismo, YPFB y las refinerías podrán importar crudo para procesarlo en Bolivia y los precios de los carburantes deberán avanzar hacia un esquema de mercado.
El memorando reconoce que la eliminación de la subvención puede generar presiones inflacionarias y efectos sobre la población, por lo que contempla fortalecer los mecanismos de protección social y crear un Registro Social Unificado para identificar a los hogares que requieren asistencia.
SEGÚN EL GOBIERNO
El Gobierno, por su parte, defendió el acuerdo. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, afirmó que el programa permitirá asegurar los $us 1.900 millones y sostuvo que no se dejará de lado a los sectores vulnerables.
“Dentro del acuerdo con el Fondo Monetario está establecido que no dejamos a un lado a los más vulnerables, continuaremos con la evaluación de cuáles son los mecanismos para transmitir recursos justamente en beneficio de estos”, remarcó.
La autoridad destacó la reducción de la inflación y programas sociales como el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), además de la implementación de mecanismos para focalizar la asistencia estatal. Según Morales, el objetivo es evitar que los ajustes del gasto público tengan un impacto mayor sobre las familias de menores ingresos.
El programa también establece que el Banco Central de Bolivia (BCB) no otorgará nuevo financiamiento neto al Gobierno. El límite fijado es cero, lo que implica que el Estado deberá cubrir sus necesidades fiscales mediante ingresos, reducción del gasto, deuda y otras fuentes de financiamiento compatibles con el acuerdo.
En materia cambiaria, Bolivia avanzará hacia un régimen flexible. Los bancos podrán comprar y vender dólares a tipos de cambio libremente negociados, mientras que la intervención del BCB quedará limitada a situaciones de desorden del mercado o riesgos para la estabilidad financiera.
El programa proyecta una inflación cercana al 14% al cierre de 2026 y plantea reducirla a un nivel de un solo dígito hacia 2028. También prevé una etapa inicial de debilitamiento de la actividad económica, con un mínimo previsto para 2027 y una recuperación a partir de 2028.
La hoja de ruta incluye además la reestructuración de empresas estatales no viables, la reducción o postergación de inversiones públicas de baja prioridad, cambios en la regulación de los sectores de hidrocarburos y minería, una eliminación progresiva de controles de precios y una flexibilización de las restricciones a las exportaciones.
El cumplimiento del programa será evaluado trimestralmente por el FMI. La primera revisión está prevista para diciembre de 2026, con base en los resultados acumulados hasta septiembre.
PRIMERA REACCIÓN
El jefe de la Unidad Nacional (ONU), Samuel Doria Medina, fue uno de los primeros actores políticos en referirse públicamente al contenido del acuerdo. A través de sus redes sociales afirmó que el programa implica un “ajuste fuerte” de la economía y mencionó, además de la eliminación de las subvenciones, la reducción del gasto estatal, un tipo de cambio flexible y un incremento de las tasas de interés.
Doria Medina planteó que el Gobierno compensaciones sociales para aplicar el impacto de la eliminación de la subvención sobre los sectores de menores ingresos y advirtió que, sin estas medidas, el ajuste podría no ser exitoso.
2027, año del fin de la subvención
La subvención a los combustibles tiene fecha de salida en el programa económico acordado entre Bolivia y el FMI. El Memorando de Políticas Económicas y Financieras establece que desde enero de 2027 los precios internos deberán avanzar hacia niveles de recuperación de costos y el Presupuesto General del Estado de ese año no deberá incluir recursos destinados a mantener la subvención.
Durante 2026, los precios internos se mantendrán temporalmente, mientras el Gobierno prepara la transición hacia un nuevo esquema.
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El acuerdo también contempla una mayor participación privada en la importación y comercialización de combustibles y permite que YPFB y las refinerías importen crudo para su procesamiento en Bolivia.
El FMI y el Gobierno reconocen que el cambio puede generar presiones inflacionarias y efectos sobre los hogares. Por ello, el programa plantea fortalecer la protección social y crear un Registro Social Unificado para dirigir la asistencia hacia los sectores más vulnerables.
La eliminación de la subvención forma parte de una consolidación fiscal de aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.
CLAVES DEL ACUERDO CON EL FMI
1. $us 1.900 millones: Programa de financiamiento por 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI.
2. Ajuste fiscal: Bolivia deberá reducir su déficit mediante una consolidación fiscal alrededor del 8,5% del PIB hasta 2029.
3. Fin de la subvención: Los subsidios a los combustibles deberán eliminarse desde enero de 2027.
4. Precios de mercado: Los combustibles avanzarán hacia precios que permitirán recuperar sus costos, con mayor participación privada.
5. Dólar flexible: El tipo de cambio deberá estar determinado en mayor medida por el mercado.
6. Sin financiamiento del BCB: El Banco Central no podrá otorgar nuevo financiamiento neto al Gobierno.
7. Inflación: Se proyecta una inflación de alrededor del 14% en 2026 y el retorno a un dígito hacia 2028.
8. Protección social: Se reforzará la asistencia a los sectores vulnerables mediante una ayuda más focalizada.
9. Reformas económicas: Se prevén cambios en empresas públicas, minería, hidrocarburos, controles de precios y restricciones a las exportaciones.
10. Control del FMI: El cumplimiento del programa será revisado cada trimestre, con una primera evaluación prevista para diciembre de 2026.
Correo del Sur
