El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), denunció a dos personas por uso de instrumento falsificado ante el Ministerio Público que pretendían utilizar una sentencia falsa como documento oficial para un trámite en la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). Asimismo, un funcionario fue desvinculado de la institución por la venta de una sentencia; esta persona, una vez destituida, seguía ofreciendo cargos y fue sorprendida recibiendo dinero de una de sus víctimas que le pagó por una fuente laboral en el área de Comunicación.
CASOS
El asesor legal del TCP, Oswaldo Silva, alertó que dos personas, un ciudadano particular y su abogada, intentaron engañar a la CUB con una sentencia falsa indicando que era de cumplimiento obligatorio. Este fallo falso, firmado con el número 910/2026, de mayo de este año no existe, porque revisado el sistema de gestión procesal, se trataría del expediente 66129 que se encuentra en la Comisión de Admisión a la espera del sorteo para ser asignado a un magistrado relator que elaborará el proyecto de sentencia.
«Este proceso no está concluido, y la sentencia como tal es falsa porque prácticamente nunca ha nacido a la vida jurídica. Esto se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público, se ha denunciado a las personas que presentó esta resolución ante la Confederación Universitaria Boliviana (CUB)», señaló Silva.
Los que utilizaron la sentencia falsa están investigados en el Ministerio Público por el tipo penal de uso de instrumento falsificado. Aún no se ha identificado al autor de la sentencia falsa que incluso llevaba los nombres de dos magistrados, pero sí se tiene a las personas que pretendían utilizarla para beneficio propio. Se trata de Walter Junior Nakashima y Ximena Patricia Aguilar Lazarte, que están siendo investigados.
COBRO POR SENTENCIA
En otro caso, el asesor legal reveló que un funcionario que ejercía la labor de proyectista de sentencias, contratado en enero de este año, en el primer mes de trabajo, fue denunciado por contactarse con un litigante y ofrecerle una sentencia a su favor a cambio de un pago.
La víctima lo denunció ante la Unidad de Transparencia del TCP, que luego de una investigación desvinculó a este funcionario y lo denunció ante el Ministerio Público.
«Esta persona, ya estando fuera de la institución, se hacía pasar como funcionario del TCP y ofrecía cargos; pretendía vender cargos de comunicador social. A una de sus víctimas le cobró alrededor de 4.000 bolivianos y un monto aparte por un certificado de quechua», señaló Silva.
Reveló que el exfuncionario todavía tenía la posibilidad de salir y entrar al interior del TCP y fue capturado en flagrancia cuando estaba haciendo el cobro y remitido al Ministerio Público. El juez cautelar dispuso una detención preventiva por un mes mientras continúa la investigación en la fase preparatoria de juicio.
El hombre ya había cobrado por la sentencia de aproximadamente 10.000 bolivianos. Como era proyectista de sentencias sabía el sentido del fallo y negoció con su víctima incluso a nombre del magistrado, quien lo denunció tras haber enterado.
Tras revelarse estos casos, Silva señaló que se están generando controles de prevención con compromisos de confidencialidad y reforzando la videovigilancia en áreas comunes para que el TCP pueda hacer seguimiento a sus funcionarios.
DEPURACIÓN
El TCP destituyó a funcionarios que falsificaron documentos para ingresar a trabajar a la institución.
Reveló que una funcionaria había presentado un certificado de diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos cuando jamás hizo el curso y fue denunciada por uso de instrumento falsificado.
En otro caso, otra funcionaria también utilizó una certificación falsa de un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos para favorecerse del cargo de asistente.
Hay otro funcionario que adulteró su título en provisión nacional para favorecerse con la antigüedad. Es decir, ha falsificado su documento para cumplir con los requisitos de ingreso. En los tres casos, las pruebas fueron remitidas al Ministerio Púbico para su investigación.
Agregó que las universidades consultadas certificaron que estas personas no hicieron el curso del diplomado y ni siquiera están registradas. Todas fueron desvinculadas.
COBROS POR FALLOS
¿Cobros por fallos se estaban normalizando?
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Al parecer hay un consorcio ilegal de abogados, fiscales, jueces que sigue lucrando con los problemas de la gente.
El jueves, el Ministerio Público a la cabeza del fiscal general interino José Armando Urioste, emitió un comunicado para los fiscales departamentales, fiscales de materia y personal administrativo y de apoyo en todo el país, advirtiendo que queda “estrictamente prohibido solicitar, exigir, cobrar o recibir cualquier tipo de aporte, cuota o contribución económica” dentro del trámite de las denuncias en investigación.
“Aquel servidor o servidora pública que incurra o participe en estos actos ilegales será procesado inmediatamente por la vía disciplinaria y remitido ante la jurisdicción penal sin perjuicio de la remoción del cargo”, señala parte del comunicado en el que se advierte que la exigencia de cobros de sumas de dinero constituye una falta gravísima y la presunta comisión de delitos de corrupción de acción pública.
Los mismos abogados del foro hacen correr el rumor de supuestos negociados en los fallos porque algunos juristas realizan cobros a sus litigantes con la promesa de que deben pagar a los fiscales para que la resolución salga a su favor.
OTRO CASO
En 2022, un funcionario de la Sala Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), JACB, fue denunciado por cobrar 20.000 bolivianos por un fallo, pero después, esta persona logró hacer extinguir el proceso penal en su contra luego de haber llegado a un acuerdo con la víctima para la reparación de daños en el marco de la Ley 1390 de Justicia Restaurativa. Este funcionario después estuvo trabajando en la Procuraduría General del Estado.
Correo del Sur
