El Gobierno activó el denominado “Plan Soberanía” que tiene el objetivo de combatir el contrabando de carburantes en las zonas fronterizas del país con el apoyo de al menos 600 efectivos de las Fuerzas Armadas en los controles a 34 estaciones de servicio de puntos limítrofes.
El trabajo lo conforman los ministerios de Hidrocarburos y Energías, de Defensa, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas.
El objetivo de este trabajo es evitar que los volúmenes de diésel, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolina especial, comercializados en estaciones de servicio, salgan de nuestro territorio boliviano de manera ilícita.
“En los últimos años, lo que se ve es que el beneficio que tienen los bolivianos y bolivianas de contar con energéticos asequibles, a bajo costo y subvencionados, también genera problemas en fronteras, producto del contexto internacional donde volatilidad de precios de combustibles ha estado elevándose. Esas dificultades tienen que ver con actividad ilícita del contrabando de combustibles”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, explicó que el operativo inicial, durante las primeras semanas contará con la participación de un instructor y tres soldados en cada Estación de Servicio por cada turno, haciendo un aproximado de 280 efectivos militares por cada turno de trabajo.
Los operativos preliminares, serán encarados de forma interinstitucional en los municipios fronterizos de Guayaramerín, Beni; Desaguadero, La Paz; y Puerto Quijarro y Puerto Suárez en Santa Cruz.
El director Ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, explicó que se realizará el seguimiento a las 34 estaciones de servicio y a las cisternas, a través de la trazabilidad del sistema RFID (Radiofracuencias, por sus siglas en inglés) para evitar que el combustible sea desviado fuera del país.
El contrabando y la reventa de combustibles son un delito penado por la Ley 100, que establece sanciones con privación de libertad de 3 a 6 años y confiscación de los bienes utilizados para la comisión del ilícito.
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