La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su “profunda preocupación” ante las propuestas de establecer un nuevo diferimiento obligatorio en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios y advirtió que esta medida “comprometería la estabilidad del sistema financiero”.
“Esta medida comprometería la estabilidad del sistema financiero, cuya función esencial es canalizar, con responsabilidad y criterios técnicos, los recursos de millones de ahorristas hacia actividades productivas y necesidades de las familias”, señala el comunicado de la entidad, difundido tras conocerse nuevas disposiciones para atender a prestatarios afectados por la coyuntura económica.
Asoban recordó que “estos recursos no pertenecen a los bancos, sino a los depositantes, por lo que su protección y recuperación son fundamentales para mantener el crédito y la confianza en el sector financiero”.
En criterio del sector, imponer un nuevo diferimiento, “bajo cualquier modalidad, afectaría gravemente la intermediación eficiente de recursos, debilitando la solvencia del sistema y deteriorando la cultura de pago de los prestatarios”.
De acuerdo con la banca privada, una medida de este tipo “no resolvería los problemas por los que atraviesa la población”, sino que, al contrario, afectará a los sectores más vulnerables, pues tendría como consecuencia una “restricción del crédito”.
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“Forzaría una inevitable restricción del crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables, como las microempresas, provocando impactos sociales como el desempleo, la pobreza y la exclusión financiera”, señala el documento.
El pronunciamiento se dio luego de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) instruyera a las entidades financieras “atender y analizar las solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación de los prestatarios afectados”, incluyendo mecanismos como periodos de gracia o prórrogas sin que ello implique el cambio automático de calificación de riesgo.
Asoban reiteró el compromiso del sector con los prestatarios, a través del “análisis, caso por caso, para encontrar soluciones responsables y sostenibles”.
En esa línea, llamó a las autoridades “a evitar medidas que comprometan la estabilidad financiera” y a optar por “políticas que fortalezcan la recuperación económica y aseguren un entorno de certeza y continuidad para las actividades públicas y privadas”.
La Razón










