La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se pronunció este viernes sobre la decisión del Gobierno de aplicar medidas contra el contrabando de combustibles, asegurando que se trata de una decisión que ayudará a combatir “radicalmente” este delito transnacional que está perjudicando a la economía nacional.
“Ponderamos la decisión del gobierno de enfrentar radicalmente el contrabando de carburantes”, expresó la CEPB en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Los empresarios privados esperan que la medida “se amplíe a todos los ámbitos en los que este delito ha penetrado, con sus efectos nocivos sobre la industria y el empleo y su secuela de violencia y corrupción”.
El Gobierno firmó el DS 4910 que incrementa la regulación, control, supervisión y fiscalización en la comercialización de gasolina y diésel en Bolivia.
La norma establece nuevas reglas para la autorización de compra y transporte de gasolina y diésel en diferentes volúmenes y condiciones, y prohíben la venta de estos combustibles sin la debida autorización.
De acuerdo con el decreto supremo, la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) será la encargada de emitir autorizaciones de compra de combustible y hoja de ruta para la adquisición y transporte de gasolina y diésel en bidones u otros envases en volúmenes mayores a los 120 litros hasta los 5.000 litros de manera mensual a ser comercializados desde Estaciones de Servicio de Combustible.
Respecto a zonas fronterizas, la DGSC emitirá autorizaciones de compra local y hoja de ruta para la adquisición y el transporte de gasolinas o diésel, en volúmenes mayores a los 50 litros hasta 5.000 litros de manera mensual a ser comercializados desde Estaciones de Servicios.
Además, el Gobierno ha lanzado un plan de control de fronteras con las Fuerzas Armadas para intervenir las zonas donde opera el contrabando de combustible. Al menos 12 puntos serán vigilados por más de 160 efectivos en zonas fronterizas.
Además se han establecido otras medidas como el uso de GPS en todas las cisternas de combustible para evitar cualquier desvío del mismo y garantizar que los carburantes lleguen al usuario final.
“(Estas medidas) Son parte de nuestra acción seria y firme a la lucha contra el contrabando en cuanto a evitar la proliferación del mercado negro de combustible y el uso también de las actividades ilícitas como el narcotráfico, minería ilegal reventa de combustibles tiene como medida fundamental una serie de medidas de control y optimización que van a desde la producción, importación, venta al consumidor final”, señaló el jueves el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina.
Estas medidas apuntan a generar un ahorro de 1.000 millones dólares, que es la medida estructural, añadió la autoridad.
UNITEL
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