Tras la alerta por el incremento de la fuga de combustible subvencionado que ocurre desde distintas estaciones de servicio, incluso desde la cadena de almacenaje en el país, el analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, aseguró que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe realizar auditorías e investigaciones para precisar en qué parte de la cadena de hidrocarburos se genera la “sobredemanda” que da paso al desvió de carburantes.
Tras las declaraciones de las autoridades de gobierno que reconocieron que existe un desvió de combustibles, tanto de diésel y de gasolina, principalmente en las fronteras y las demandas aumentaron entre el 30% y 40%. Esta salida ilegal de carburantes se estaría registrando desde la cadena de almacenaje y su destino estaría, fundamentalmente, en las actividades ilegales.
El experto explicó a la ANF que una cadena de valor de hidrocarburos pasa desde la exploración hasta la industrialización y dijo, que las autoridades gubernamentales al hacer referencia que el desvió de carburantes se suscita desde la cadena de almacenaje, las irregularidades probablemente se estarían originando desde el área de refinación, incluso desde la cadena de transporte.
“Si hablamos del tema de combustible estaría dejando entrever que este problema (fuga de combustibles) surge desde la refinación y el transporte, probablemente, lo cual llama mucho más la atención porque hay que recordar que en Bolivia es YPFB quien tiene el monopolio de las actividades hidrocarburíferas y lo que hace es contratar empresas para el transporte de combustible. Es probable que desde (la cadena de transporte) haya problemas”, señaló.
Velásquez consideró que es necesario una investigación al interior de YPFB y que además esta empresa debe encarar un proceso indagatorio y una auditoría detallada para ver dónde se está produciendo las irregularidades y por qué los responsables no alertaron sobre el incremento sostenido de la demanda.
“Esto debería haber ocurrido desde la primera alerta cuando ellos vieron el primer incremento de 30 a 40% en el combustible. Si el promedio de crecimiento de consumo estaba al 6% y de pronto un mes salta al 30% inmediatamente deberían activar una alerta a cualquier funcionario o autoridad que pueda estar a cargo y activar las acciones que correspondan investigar, analizar del porqué se incrementaba en ese momento el consumo del combustible”, remarcó.
El Gobierno lanzó este jueves la “Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando” que contempla una serie de trabajos conjuntos para evitar la fuga y reventa de carburantes que el país compra a precios internacionales y los subvenciona a un precio fijo para el mercado boliviano.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, admitió que existe una fuga preocupante de combustibles subvencionados que ocurre desde distintas estaciones de servicio, incluso desde la cadena de almacenaje de hidrocarburos.
“Ya lo decíamos el año pasado que había un comportamiento, principalmente en las fronteras, de desvió de combustibles y de demandas que no se explicaban por el orden del 30 hasta el 40% del crecimiento de esa demanda. Esta demanda que sale desde estaciones de servicio, desde distintos puntos, inclusive de almacenaje de la cadena de hidrocarburos, tanto de diésel y de gasolina, está destinada fundamentalmente a actividades ilegales”, indicó el ministro.
Velásquez dijo que esta situación es “muy delicada” porque deja entrever que hay problema. “Sin duda es un tema que debería ser investigado, debería ser investigado oportunamente y debería ser investigado ahora”, ratificó.
Sobre la propuesta del Gobierno de aplicar nuevas políticas de control para luchar contra el contrabando de carburantes que implicará, entre otras medidas, la instalación de GPS en cisternas, el experto señaló que no es un tema nuevo, pero que es importante reforzar los controles fronterizos para detener la fuga de combustibles que desangra la economía, aunque aclaró que los operativos anunciados no resolverán en su totalidad el problema.
“Hay un contrabando mayorista que desangra más el tema de la subvención, este contrabando mayorista se produce a través de cisternas y este anuncio que hicieron apunta a ello a controlar las cisternas a través de GPS, lo que permitirá rastrear dónde está la cisterna y a través de militares de ser necesario se intervendrá una cisterna y verificar su carguío, estos controles sirven, contribuyen de cierta manera, pero no resuelven el problema de fondo”, dijo.
El experto detalló que el problema de la subvención no sólo es originado por el contrabando, sino seguirá vigente mientras exista el diferencial de precio entre lo que compra YPFB en el mercado externo versus lo que se tiene en el mercado interno.
“Es bueno el control de contrabando, pero no ataca el problema estructural, el problema de fondo sobre el tema de la subvención y el tema de la subvención es una política que está vigente 19 años, pero es una política ciega. Por más que controlemos el contrabando, tenemos un parque automotor que en estos años se ha quintuplicado. Entonces, sigue demandando más combustible, más diésel y más gasolina”, remarcó.
También evaluó la labor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el sistema de B-Sisa. Agregó que hay falencias y que es la entidad que deben alertar si los vehículos cargan combustible de forma irregular.
“Existe cierto control en las ciudades, sobre todo, en las capitales del departamento del país donde te piden B-Sisa. Incluso, años atrás, había funcionarios de la ANH en unos surtidores que realizaban batidas para controlar el B-Sisa. Creo que en realidad el Gobierno ha invertido dinero para implementar este instrumento, entonces, lo que corresponde es que se lo use en toda su potencialidad”, afirmó.
ANF
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