La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) destacó la decisión asumida del Gobierno con la “Política de control y lucha contra el contrabando de combustibles” y sugirió que se amplíe a “todos los ámbitos” donde se ha penetrado.
“Ponderamos la decisión del gobierno de enfrentar radicalmente el contrabando de carburantes. Esperamos que la medida se amplíe a todos los ámbitos en los que este delito ha penetrado, con sus efectos nocivos sobre la industria y el empleo y su secuela de violencia y corrupción (sic)”, se lee en un mensaje publicado en sus redes sociales.
La nueva política implementada implica una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta al consumidor final de combustibles. Con esas acciones se busca generar un ahorro al Estado de aproximadamente $us 1.000 millones al año.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, identificó que existen consumos inusuales del 30%, 40% de combustible, principalmente en zonas fronterizas, que salen de distintas estaciones de servicio.
El Decreto Supremo 4911 establece la interoperabilidad entre la Dirección de Sustancias Controladas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para realizar un control en la logística en la comercialización de combustibles, se prevé un control en tiempo real para evitar su desvío.
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