En seis años, 49 fueron los investigadores que trabajaron en la comisión legislativa que indagó los procesos de privatización y capitalización desde 1985 hasta 2005.
Los resultados de las pesquisas se plasmaron en un informe que consta de tres tomos. La comisión hizo imprimir 900 ejemplares del documento, lo que tuvo un costo aproximado de 250 mil bolivianos, informó el senador Rubén Medinaceli, presidente de la comisión.
“Ha sido una gran labor que ha costado tiempo, ha costado recursos, pero era necesario darle al país el informe de todo lo que pasó en Bolivia”, afirmó ayer el vicepresidente Álvaro García Linera, antes de iniciar el tratamiento del informe sobre los procesos de privatización y capitalización en el país.
La Asamblea Legislativa creó la comisión mixta en julio de 2013, luego de que el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunciara que hubo funcionarios que se enriquecieron con la privatización de empresas públicas y apuntara a Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional.
Después de seis años de pesquisas, la comisión presentó su informe final. El documento será leído en tres días (hasta el jueves) en el pleno de la Asamblea Legislativa, debido a la cantidad de páginas que tiene (2.700).
“El texto completo de este libro está en tres tomos, se han impreso 900 ejemplares y el costo está aproximadamente en 250 mil bolivianos. Para un manejo cómodo del informe se ha publicado este otro libro (muestra la versión resumida) que son 2.500 ejemplares”, explicó el senador Medinaceli, quien afirmó que la comisión trabajó con el presupuesto de la Cámara de Senadores y que para solventarse incluso solicitó al Ministerio de Economía más recursos.
El legislador también informó que “la Cámara de Senadores asignó personal de la Cámara para que coadyuven en la última fase de la investigación”.
Miembros de la comisión informaron que 49 personas (35 son del equipo multidisciplinario de investigación y 14 auxiliares de investigación) son las que realizaron todas las pesquisas. “No hubo una participación directa de los legisladores por los viajes y la ampulosa documentación del caso”, indicaron.
El exsenador Adolfo Mendoza, quien presidió la comisión mixta desde el 8 de agosto de 2013 hasta el 4 de julio de 2014, admitió que se contrató personal de apoyo para realizar las indagaciones.
“Yo dirigí la investigación que tuvo una característica política, académica con un equipo multidisciplinario que veía diversas partes de la investigación. Ningún esfuerzo de investigación es despreciable en estas condiciones, todo equipo de investigación siempre contrata a especialistas y esto es absolutamente normal”, dijo Mendoza, sin dar detalles de a cuánto ascendía el presupuesto de la comisión durante su mandato.
La oposición señala que la comisión, desde su creación, gastó más de 12 millones de bolivianos.
Responsables
El informe de 2.700 páginas, dividido en tres tomos, identificó que 55 personas son parte de una supuesta red de enajenación de empresa y bienes del Estado, entre ellos están Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga y Carlos Mesa.
El diputado Luis Felipe Dorado cree que es poco probable procesar a expresidentes y vicepresidentes del país, ya que varias de las acusaciones que se encuentran dentro del informe habrían prescrito, por lo que no corresponde aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz; además, el estudio apunta a varias exautoridades que ya fallecieron.
“Hemos preguntado qué procesos van a hacer si ya han prescrito prácticamente todos. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no aplica, e incluso hay muertos, Víctor Paz Estenssoro, Banzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada está fuera del país”, cuestionó el opositor.
El senador Medinaceli admitió que la comisión no identificó los delitos que supuestamente cometieron las 55 personas y dejó aquellos en manos de la Contraloría y la Procuraduría. “La comisión concluyó el análisis jurídico de cada caso, se ha identificado irregularidades, está cuantificado los daños, será la Asamblea que defina si es necesario tipificar esas irregularidades”, dijo.
Exsenador reconoce que pesquisas apuntan a un “juicio político”
ANF / La Paz
El exsenador y primer presidente de la comisión que investigó la privatización en Bolivia, Adolfo Mendoza, manifestó que las indagaciones no son solo un acto “testimonial”, sino un “juicio político” en contra de los “saqueadores de la patria”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional conformó la comisión especial mixta para investigar el proceso de privatización y capitalización en el país, en agosto de la gestión 2013. Después de cinco años y medio se dio inicio ayer a la lectura del informe, aunque demandará tres días para terminar.
Mendoza dijo que los resultados de las pesquisas tienen que quedar en la memoria de los bolivianos, porque se trata de “un juicio histórico contra los saqueadores de la patria”.
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“No es sólo un acto testimonial, es un acto profundamente político, hay que decirlo así, porque es un juicio político muy comparable (del juicio de) Marcelo Quiroga Santa Cruz a (Hugo) Banzer por la dictadura”, dijo.
El exsenador considera que es posible recuperar los recursos económicos producto de la enajenación de las empresas estratégicas de Bolivia y reconoce que se trata de un juicio político.
El presidente de la comisión, Rubén Medinacelli (MAS), dijo que el daño económico asciende a más de 21.000 millones de dólares por la venta, concesiones o entrega de las empresas públicas y bienes del Estado.
Se trata de “develar ante el país los sentidos del saqueo neoliberal”, sostuvo, aunque no quiso adelantar las consecuencias jurídicas y dejó que la justicia asuman las medidas que corresponden. La comisión recomienda remitir antecedentes al Ministerio Público, Contraloría y Procuraduría.
Página Siete
