Tras el descubrimiento de un hecho de corrupción para el saneamiento de tierras en Santa Cruz, la Fundación Tierra demandó la intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la inmediata paralización de los trámites de asentamientos y saneamientos con antecedentes de tráfico de tierras.
La noche del martes, el entonces ministro de Desarrollo Rural Edwin Characayo y el director general de esa cartera, Hiper García, fueron sorprendidos en flagrancia, cuando recibían una coima de $us 20.000 para facilitar un saneamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz, en el predio “El Triunfo II”. Ambas autoridades fueron destituidas y sometidas a un proceso judicial.
Ante esa situación, la Fundación Tierra emitió este jueves una carta abierta en la que hace conocer su posición respecto a esta irregularidad.
Entre las medidas de aconseja la Fundación Tierra está la “intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz”.
Otra medida que solicitó es el desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan “resoluciones de desalojo” que obligan a las autoridades del Gobierno a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.
La tercera medida sugerida es paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5.000 hectáreas.
La última acción que sugieren está dirigida al Legislativo y al Ejecutivo, para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que ordena que el Presidente debe nombrar al director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados.
No obstante, la Fundación Tierra también hizo conocer algunos antecedentes, a propósito del saneamiento de tierras en El Triunfo II.
En primer lugar indica que el tráfico de tierras se intensificó desde 2011. “El consorcio llamado ‘INRA paralelo’, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y “blanquear” antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor. En lugar de encarcelar a este grupo delincuencial, los denunciantes, entre ellos Juan Carlos Rojas y Alejandro Almaraz, fueron alejados de sus cargos públicos”, señala.
También indicó que el INRA, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, firmó entre 2014 y 2019 más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades del departamento de Santa Cruz. Advirtió que, en lugar de transparentar este proceso, el INRA ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, dónde están estas tierras y qué extensiones tienen. En los hechos, acotó en la misiva, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales.
La Fundación Tierra advirtió que el gobierno de Jeanine Áñez entregó más de 34.000 hectáreas a la familia de su ministro de economía, Branko Marinkovic, en un proceso agrario llevado a cabo en tiempo récord, vulnerando el debido proceso técnico y jurídico. Sobre este caso, Fundación TIERRA entregó información documentada al gobierno de Luis Arce y a los parlamentarios oficialistas y opositores. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades mantienen una actitud pasiva al respecto, incumpliendo así sus funciones de hacer cumplir la ley.
Respecto a esta denuncia, en 2020, la familia Marinkovic Jovicevic aclaró a través de un comunicado que Branko Marinkovic no tiene ninguna relación de propiedad, ni como accionista en esas tierras. Aclaró que le corresponde a la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón SRL.
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