La escasez de dólares, la falta de algunos alimentos y el descontento social son hechos que marcan un deterioro de la economía en Bolivia. Empresarios y economistas, apuntan a tres factores como promotores de esta situación: el estatismo, la falta de seguridad jurídica y los fenómenos climáticos. Salvo el último, que está fuera de todo tipo de control los consultados sostienen que los dos primeros están íntimamente ligados a la administración estatal y son, según ellos, una muestra de que el actual modelo económico llega a su fin.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, explicaron que la economía está afrontando un contexto externo adverso.
“Los conflictos bélicos en zonas estratégicas del comercio internacional están generando un aumento de los costos de importación para las economías emergentes.Asimismo, dichas tensiones han determinado que los precios de los combustibles se mantengan elevados, y fenómenos climáticos adversos han generado repuntes en algunos granos y cereales”, dijo .
¿Estatismo y modelo agotado?
Para este reporte EL DEBER recogió impresiones de empresarios afectados por la actual coyuntura en donde el diario vivir para el sector es la escasez de dólares para la compra de materias primas y la adquisición de bienes de capital. Los más críticos pidieron no ser citados al temer represalias.
Con la seguridad del anonimato indicaron que la actual situación es una muestra de que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo -implementado desde el 2006- no funciona.
Basado en el control estratégico de la economía: con empresas estatales, la regulación de las exportaciones, subvenciones y la redistribución de la riqueza, este modelo es defendido a capa y espada por el Gobierno.
“El modelo económico estatista y centralista que ha priorizado la inversión pública sobre la privada, resultando en una obsolescencia normativa que ha ahuyentado la inversión extranjera”, dijo un empresario consultado este medio.
Otro dijo que por este modelo Bolivia prácticamente no recibe ninguna inversión extranjera, una situación que atribuye a un marco normativo desactualizado.
“Este modelo priorizó la ideología sobre la economía, resultando en una economía asistencialista que depende en gran medida de bonos y subsidios”, dijo.
La radiografía empresarial señala que sectores clave como hidrocarburos y minería están estancados debido a la falta de inversiones y una normativa arcaica. Por ejemplo, las grandes petroleras han reducido su presencia en el país, limitándose a explotar los recursos existentes sin nuevas inversiones. Mientras que en el sector minero, las políticas de apoyo a las cooperativas llevaron a prácticas irresponsables y destructivas, exacerbadas por la ausencia de licencias ambientales adecuadas.
Para el economista, Jaime Dunn desde el 2014, Bolivia ha experimentado un desgaste significativo en su modelo económico. La falta de exploración en sectores vitales como los hidrocarburos, junto con un gasto público elevado y un endeudamiento considerable, han exacerbado la situación económica.
“Entre 2022 y 2023, las exportaciones disminuyeron en $us 2.500 millones, mientras que las reservas se redujeron en aproximadamente $us 1.500 millones. Esta situación ha ejercido una presión considerable sobre el tipo de cambio”, señaló.
Seguridad jurídica
La falta de seguridad jurídica es otro de los factores que contribuye al ahondamiento de la crisis, según Dunn. Explica que la prolongación de los magistrados del Órgano Judicial es una mala señal y aleja la inversión extranjera.
Detalla que entre 2022 y 2023, la inversión extranjera directa en Bolivia fue extremadamente baja. “Además, los pagos por servicios de deuda externa superaron los desembolsos de créditos, y la balanza comercial del país fue negativa en casi $us 200 millones”.
Dunn mencionó el excesivo gasto público como la causa principal. Bolivia está enfrentando las consecuencias de años de gastos desmedidos sin planificación.
Un dato preocupante, lo da el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que en su último informe de Rendición Pública de Cuentas, informó que en 2023 se registraron 237 avasallamientos de predios en el país, de los cuales solo se han ejecutado 36 desalojos.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertó sobre el riesgo de avasallamiento en más de 70.000 hectáreas de cultivos que ponen peligro la producción de 300.000 toneladas de granos de soya, maíz y sorgo.
Fernando Asturizaga, especialista en derecho agrario advirtió que la seguridad jurídica sobre las tierras es fundamental para el desarrollo rural pero, “obtener un título no garantiza que el productor sea realmente dueño” porque los avasalladores encuentran nuevas formas de burlar la ley.
Un inversor dijo que la falta de seguridad jurídica y un entorno normativo obsoleto continúan siendo barreras significativas para cualquier avance económico.
Cambio climático
Rolando Morales, vicepresidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), dice que el impacto de la post-pandemia provocó un incremento de precios de las materias primas a nivel mundial, afectando también a Bolivia. A esto se suma el efecto de la guerra entre Ucrania y Rusia, productores de fertilizantes y grano.
Además, del cambio climático, que afectó la producción de alimentaria. Sostiene que estos factores necesitan una solución que incluya la cooperación de todos los sectores y niveles del Estado.
En Santa Cruz los productores de hortalizas afirmaron que las heladas y sequías redujeron la producción de tomate hasta un 40%. Mientras que los soyeros perdieron 500.000 hectáreas por la sequía.
Respuesta estatal
Desde el Ministerio Economía y Finanzas explicaron a EL DEBER que en un contexto internacional la economía boliviana mostró resiliencia y crecimiento positivo durante los primeros meses del año.
Esto pese a que las altas tasas de política monetaria, la persistencia de la inflación, y las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Medio que han afectado el comercio internacional.
Esta cartera de Estado explicó que durante el primer trimestre del año mostró una desaceleración en economías clave como Estados Unidos y la Zona del Euro, y crecimientos modestos en América del Sur, incluyendo a Brasil, Chile y Perú. Internamente, Bolivia ha enfrentado efectos adversos de la crisis climática, bloqueos de carreteras y la paralización en la aprobación de leyes para financiamiento externo.
A pesar de estos desafíos, según Economía, sectores como la producción de minerales (estaño, plomo, zinc, wólfram y plata), la producción de carne de pollo y porcina, y la construcción han mostrado un desempeño favorable. Este dinamismo ha sido apoyado por la inversión pública en proyectos de infraestructura y la industrialización con sustitución de importaciones. Al primer cuatrimestre, la deuda externa se mantuvo en un 26,9% del PIB, dentro de márgenes referenciales internacionales.
El Ministerio enfatiza que la inversión pública proyectada para 2024 es de $us 4.274 millones, destinada a sectores productivos, sociales, de infraestructura y multisectorial. Y reducir el gasto público, podría tener repercusiones negativas en la economía y el bienestar de la población.
Pero los empresarios consultados indicaron que es hora de que el Gobierno “pise tierra”.
EL DEBER
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