La disposición séptima sobre el decomiso de productos que está incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 preocupa a diferentes sectores. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo este jueves que desde el Ejecutivo no se tiene la atribución de anular este punto de la ley.
“No se puede atender el pedido de anular, derogar, eliminar o de modificar, porque esa no es una competencia del Ejecutivo, esa es una competencia del Legislativo, no es que no queramos atender; el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, explicó la autoridad a UNITEL.
Silva dijo que mientras no se apruebe la reglamentación de la ley, la norma no entrará en vigencia, por esta razón, pidió a los sectores interesados asistir a las reuniones para discutir el reglamento.
“En tanto no tengamos la reglamentación, esta disposición está en pausa y la reglamentación tiene que estar consensuada con todos los actores interesados en el tema”, agregó Silva.
Este jueves, autoridades de Gobierno y sectores sociales acordaron reunirse para discutir este punto, sin embargo, ante la ausencia de dos instituciones, el encuentro fue postergado, según la dirigencia de los gremiales.
“No se ha llegado a nada, hemos tenido una reunión ya que faltaba el ministro de Economía (Marcelo Montenegro) y la ASFI. Se ha quedado que se va a trabajar mediante una reglamentación (…) el 23 de enero vamos a tener la segunda reunión”, dijo el dirigente de los gremiales de El Alto, Luis Paco.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
UNITEL
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