El Estado boliviano tiene hasta el 19 de enero de 2024 para adecuar su normativa al ordenamiento jurídico comunitario de la Comunidad Andina (CAN), después de que el Tribunal de Justicia del organismo internacional accediera a la demanda de Perú sobre la venta de combustible a los transportistas.
Así lo expuso el procurador general del Estado, César Siles, al referir que la CAN amplió el plazo (que en principio era de 90 días), donde concedió por única vez la posibilidad de coordinar interinstitucionalmente en el cronograma de plazos y forma de cumplir la sentencia, ya que también implica cambiar la normativa boliviana.
“Fuimos notificados ayer (jueves) con un auto dictado por el Tribunal de Justicia de la CAN que concede al Estado Plurinacional de Bolivia una prórroga excepcional y única hasta el 19 de enero de 2024, para dar cumplimiento a la sentencia notificada el 17 de julio de 2023”, informó el procurador general del Estado, César Siles, en conferencia de prensa.
La CAN observó al Estado boliviano por haber establecido un precio subsidiado del combustible para los vehículos de carga nacionales, pero ofreciendo un precio mayor a los vehículos con placa internacional, como los de Perú.
En el mes de julio de la presente gestión, la CAN dio luz verde a una acción de cumplimiento planteada por los peruanos, advirtiendo que Bolivia no se alineó a una serie de artículos establecidos en la Decisión 398 y 837 de este bloque de países que también integra a Ecuador, Perú y Colombia.
Según Siles, las instituciones competentes en el área de esta situación se reunirán este viernes por la tarde para evaluar las estrategias para dar cumplimiento a la sentencia de la CAN, misma que es de carácter obligatorio.
“Una sentencia emitida en el marco de la Comunidad Andina debe ser acatada. A ese efecto la tarde de hoy (viernes), en la reunión vamos a plantear los diferentes escenarios que la Procuraduría ha analizado para el cumplimiento de la sentencia. Entre esos escenarios el más importante y crucial es la modificación de la normativa vigente (boliviana)”, señaló.
Advirtió que, caso contrario, Bolivia sería pasible de una acción sumaria de incumplimiento ya anunciada por Perú.
“Puede derivar en sanciones. Entre ellas, en contra de nuestros exportadores subiendo los aranceles, producto por producto de forma progresiva. No queremos llegar a ese momento, al contrario, estamos seguros que el día de hoy vamos a coordinar en defensa de los intereses del Estado, pero también en defensa de nuestros transportistas, de nuestra normativa”, aclaró.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la CAN indica que se debe adecuar la normativa boliviana, según explicó el Procurador, al ordenamiento jurídico comunitario.
“En ningún momento dice que subamos o bajemos el precio subvencionado de los combustibles”, remarcó.
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