Ahoradigital – El Senado sancionó el crédito de hasta $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado al fortalecimiento del sistema de protección social, una operación que, según explicó el ministro de Economía, Christian Morales, permitirá cubrir aproximadamente 10,5 meses de la Renta Dignidad.
La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Durante el tratamiento legislativo, Morales explicó que este año el pago de la Renta Dignidad fue asumido por el Tesoro General de la Nación (TGN) y que el financiamiento del BID permitirá cubrir parte de esa obligación.
El crédito no está compuesto íntegramente por recursos nuevos. Del total de $us 500 millones, $us 290 millones corresponden a un nuevo préstamo, mientras que $us 130,6 millones provienen de recursos no utilizados de un programa destinado a mejorar el acceso a servicios maternos y neonatales, y otros $us 79,4 millones corresponden a recursos no ejecutados de un programa de apoyo a población vulnerable afectada por el coronavirus.
El programa también contempla la creación de un Registro Social de Hogares, con el objetivo de identificar las condiciones económicas y sociales de las familias y mejorar la focalización de bonos y otros beneficios estatales.
Morales señaló que el Gobierno busca determinar con mayor precisión quiénes se encuentran en situación de vulnerabilidad y mencionó, como ejemplo, casos de beneficiarios de la Renta Dignidad que residen fuera del país y retornan para cobrar el beneficio. Según la explicación oficial, estos casos deberán ser revisados dentro del nuevo mecanismo de focalización.
Los recursos tendrán distintos plazos de amortización. Los $us 290 millones del nuevo financiamiento tendrán un plazo de 22,7 años; los $us 130,6 millones provenientes del programa anterior se distribuirán en tramos con plazos de 18,5 y 40 años, mientras que los $us 79,4 millones restantes tendrán un plazo de 23 años.
La aprobación del crédito ocurre mientras el Gobierno enfrenta restricciones fiscales y de liquidez y busca garantizar la continuidad de programas de protección social.
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