Patricia Albis camina por los pasillos del Capital Plaza Hotel, en pleno centro histórico de Sucre. No escucha maletas rodando, ni puertas que se abren, ni conversaciones de viajeros. El silencio ocupa las habitaciones. Todas están vacías.
La administradora recuerda que el golpe comenzó incluso antes de que se instalaran los puntos de bloqueo. Bastó el anuncio de las medidas para que empezaran las cancelaciones.
Abril fue el mes de las suspensiones. Mayo confirmó el desastre. Junio llegó sin señales de recuperación. Ahora, incluso reservas programadas para diciembre están siendo anuladas por turistas y visitantes que prefieren no arriesgarse a quedar aislados en las carreteras bolivianas.
«Nadie transita por las habitaciones», resume. La frase describe una realidad que golpea a toda la cadena turística de la capital.
La situación ya dejó de ser una advertencia para convertirse en una emergencia económica. Cinco hoteles iniciaron trámites de suspensión de actividades debido a las pérdidas acumuladas y, según informó Teresa Molina, presidenta de la Cámara Hotelera de Chuquisaca.
«Estamos prácticamente en cero», señaló Molina, al describir una crisis que no se observaba desde la pandemia de covid-19. Muchas empresas recurrieron a feriados colectivos para intentar reducir costos mientras esperan una solución que no llega.
El impacto de los bloqueos supera ampliamente al sector hotelero. La Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca estima pérdidas superiores a los 4,4 millones de dólares, mientras que alrededor de 5.000 empleos vinculados al sector servicios se encuentran en serio riesgo.
Las carreteras bloqueadas no solo frenan el tránsito de vehículos. También detienen reservas, cancelan viajes, alejan turistas y paralizan actividades económicas que sostienen a miles de familias. Cada día de conflicto se traduce en habitaciones vacías, ingresos perdidos y una incertidumbre creciente para trabajadores y empresarios.
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