Las irregularidades en la administración de Boliviana de Aviación (BoA) llegaron al punto de que el sistema financiero internacional restringiera operaciones en sus cuentas, tras detectar el traslado irregular de 11,8 millones de bolivianos en efectivo a La Habana, Cuba.
Esta operación forma parte del daño económico identificado por el Gobierno luego de una auditoría a la empresa estatal, particularmente en la gestión de la ruta hacia la capital cubana.
De acuerdo con los hallazgos, estos movimientos formaron parte de un esquema más amplio que generó un daño económico total de 18,4 millones de bolivianos. Una parte corresponde a las pérdidas operativas de la ruta Santa Cruz–La Habana, caracterizada por baja ocupación en los vuelos, mientras que otra se vincula a la compra de divisas en el mercado paralelo para cubrir gastos en el exterior.
En ese contexto, García explicó que BoA adquirió dólares a tipos de cambio muy superiores al oficial —llegando a pagar hasta 17,5 bolivianos por unidad frente a los 6,96 bolivianos establecidos— lo que elevó los costos en más de un 150%. Además, la estatal habría contratado intermediarios financieros que cobraban comisiones adicionales de hasta el 10%.
El uso de efectivo para operaciones internacionales, sumado a estas prácticas, derivó —según el reporte— en el cierre de cuentas de BoA en el sistema financiero internacional por parte de entidades bancarias, debido a incumplimientos de estándares y controles.
La investigación también establece que la apertura de la ruta a Cuba en 2023, durante el gobierno de Luis Arce, se realizó sin estudios de viabilidad técnica, financiera ni operativa, pese a que estos eran requisitos establecidos en normativa interna. En su lugar, se habría priorizado su ejecución bajo criterios políticos. Adelantó, sin dar nombres, que hay seis exautoridades involucradas en este caso.
Por eso detalló que ya se presentó una denuncia penal contra estas personas por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en un caso que abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la gestión de empresas públicas en Bolivia.
El Deber
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