La empresa China Harbour Engineering (CHEC) que está en el ojo de la tormenta en Bolivia por el caso de corrupción en la ABC, tiene presencia en varios países y también enfrenta denuncias, incluso del Banco Mundial, además está envuelta con su casa matriz en el conflicto geopolítico China- Estados Unidos (EEUU).
La compañía está observada en el país, luego de una denuncia interpuesta por el diputado Héctor Arce (MAS) que establece que funcionarios de la ABC —entre los que se encuentra el presidente de la estatal y dirigente de los interculturales Henry Nina— favorecieron a la empresa china CHEC en el proceso de contratación para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, acción por la cual recibieron un soborno de 18 millones de bolivianos, equivalentes al 4% del valor de la obra.
Además, en la declaración del testigo protegido Felipe Sandy Rivero se menciona que Nina y otro colaborador fueron los que cobraron en efectivo el dinero de la supuesta coima, pagada por el gerente de la empresa China CHEC, Zhengyuan Jin.
CHEC tiene como casa matriz a la firma China Communications Construction Company (CCCC), la cual tiene varias denuncias de presunta corrupción alrededor del mundo, llegando incluso a ser inhabilitada de realizar obras con el financiamiento del Banco Mundial (BM) entre 2009 y 2017.
Según información recogida por medios internacionales, en 2009 la firma CCCC fue sancionada por el Banco Mundial durante ocho años (hasta 2017) por fraude y actos de corrupción en la renovación vial de un megaproyecto de infraestructura en Filipinas.
En Bolivia, CHEC fue denunciada por el ingeniero Antonio Angulo de incumplir con las normas laborales y además de haber utilizado presos traídos desde China como mano de obra en la construcción de la ruta San Borja – San Ignacio de Moxos, aunque la denuncia nunca fue probada.
Otros antecedentes de CCCC incluyen la sospecha de corrupción en una obra ferroviaria en Malasia y en Australia fue investigada por la construcción de un hospital infantil.
En Bangladesh, CHEC fue acusada por integrantes del gobierno de pagar comisiones en forma ilegal. También fue acusada de corrupción en la construcción de un puerto en Tanzania.
A su vez, la empresa es cuestionada porque durante las elecciones presidenciales de Sri Lanka, en 2015, supuestamente hizo grandes pagos y aportes a la campaña del expresidente Mahinda Rajapaksa, según una investigación de The New York Times.
En Latinoamérica, medios panameños advirtieron que ese presunto historial negro de China Harbour no fue tenido en cuenta por el Gobierno de Panamá, que le entregó a la firma la responsabilidad de diseñar y construir el cuarto puente de conexión vial sobre el canal del país centroamericano.
En Brasil, según un artículo de la periodista Raquel Grissoto para el portal Dialogo Chino, cuando llegó a ese país en noviembre de 2016 con la compra de la constructora carioca Concremat, la China CCCC trajo la promesa de ambiciosos proyectos.
En los años siguientes, la empresa estatal china anunció una serie de iniciativas: un megapuerto en São Luís, en el estado de Maranhão; junto con el gigante minero y logístico nacional Vale, completaría una vía férrea en el estado de Pará y construiría el puente Salvador-Itaparica de 12 kilómetros, en lo que sería el mayor proyecto de construcción sobre el agua en América Latina.
Sin embargo, media década después ninguno de sus principales proyectos es una realidad.
Otra investigación en Colombia para el portal Consejo de Redacción da cuenta que CHEC es una subsidiaria de China Communications Construction Company Ltd (CCCC), una gigante de la infraestructura mundial, que en 2021 ocupó el puesto 61 en el ranking de las 500 empresas más grandes mundo,según la revista Fortune.
CCCC, junto con otras cuatro empresas estatales chinas, representaron el 68 % del monto total de proyectos de infraestructura en América Latina para el periodo 2005-2020, y solo esa empresa creó el 32.55 % del total de empleos, según el Monitor de Infraestructura China de América Latina y el Caribe 2021 de la RED ALC-China.
La investigación revela que CCCC está en medio del conflicto geopolítico y comercial de China y Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha advertido que CCCC participa en la construcción y militarización de islas artificiales en un área del mar del Sur de China que se halla en disputa internacional.
En 2020, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a CCCC en una lista de 24 empresas chinas que tienen restringidas sus operaciones comerciales por considerarlas un riesgo para su seguridad nacional.
El ex secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo que “CCCC y sus subsidiarias se han involucrado en corrupción, financiamiento depredador, destrucción ambiental y otros abusos en todo el mundo”.
CHEC como subsidiara de CCCC, tiene presencia en más de 80 países, cuenta con más de 10.000 empleados y sus proyectos superan los 10.000 millones de dólares.
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La empresa (CHEC), implicada en el caso coima en la ABC, se adjudicó al menos siete obras en el país por un total de 3.514 millones de dólares, según voceros de la misma compañía asiática.
La cifra representa más del 50% de los 6.000 millones de dólares que se adjudicó a empresas chinas entre 2008 y 2019, según la investigación “El capital corrosivo en Bolivia”, de la Fundación Milenio.
De acuerdo con información de la empresa, publicada en enero en varios medios, algunos de los proyectos adjudicados a la empresa china en Bolivia incluyen la construcción de la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos con un costo de 210 millones de dólares financiados por el banco CAF, la rehabilitación de la carretera Santa Cruz-Trinidad-San Javier y Puerto Varador-Trinidad en dos lotes por 71 millones de dólares con recursos del Banco Mundial.
Además, la empresa suscribió contratos con la ABC para la construcción de las carreteras entre Charazani-Apolo-Tumupasa por un monto de 735 millones de dólares financiados por Eximbank y la construcción de la carretera Trinidad-La Moroña-Guayaramerín-Ramo La Moroña-Puerto Ustárez por 1.216 millones de dólares también provenientes de Eximbank.
Asimismo, tiene un contrato firmado para la construcción de la carretera Santa Rosa-Remanso-Puerto Villazón por un monto de 569 millones de dólares. La última adjudicación fue la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.
Caboco pide licitaciones abiertas, digitalizadas y transparentes
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), sugiere digitalizar y transparentar los procesos de licitación de carreteras para evitar que se repitan las denuncias de adjudicación con coimas y corrupción.
“Si están ocurriendo estos tema de comisiones o coíma las licitaciones deben ser abiertas, transparentes y completamente digitalizadas, que no exista opción de modificar, sacar carpetas y que toda la información esté al alcance de todos”, explicó el presidente de la Caboco, Luis Bustillo.
Señaló que esos temas que salen a la luz de comisiones y de presunta corrupción e los procesos de contratación de empresas para ejecutar carreteras dañan la transparencia, la credibilidad y perjudican los proyectos.
Bustillo también considera que entidades como la ABC que son de un índole técnico y normativo, deberían ser dirigidas por profesionales altamente especializados. “Por ejemplo un ingeniero civil no podría dirigir un oncológico no. Es por eso que las entidades que tienen que ver con infraestructura deberían contar con profesionales especializados”, puntualizó.
La última vez que el ex Servicio Nacional de Caminos (SNC) tuvo un presidente y directorio institucionalizado fue antes de 2006, luego se cambió el nombre como ABC cuyos ejecutovos son designados por el Gobierno.
Caboco pide hace años que también se brinde más oportunidades a las empresas constructoras nacionales tengan mayor oportunidad de participar de las licitaciones con una adecuación de la normativa
Según Bustillos muchos requisitos son difíciles de cumplir como experiencia en la construcción de un millón de metros cuadrados, pero quizá si el proceso exige 400 mil o 500 mil metros cuadrados. También se exigen elevados montos de facturación.
Explicó que los problemas que enfrentan muchas empresas extranjeras seleccionadas, puede obedecer a su desconocimiento del terreno en Bolivia y por eso la importancia de las empresas y profesionales nacionales. “Por ejemplo, si no se conoce la amazonia donde no hay agregados no se va poder cuantificar la licitación. Ese es el valor del empresariado boliviano que con fundamento va poder decir que los agregados no van a costar 300 sino 2 mil bolivianos por ejemplo por la distancia que se debe recorrer para traer a la obra. O podrá identificar cuantos meses se podrá trabajar antes de la época de lluvias”, precisó.
Página Siete
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