La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) pidió al Gobierno de Rodrigo Paz abrogar el Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores, mientras el Ejecutivo defendió la norma y reconoció que forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El pedido fue planteado directamente al presidente Paz durante una reunión entre autoridades del Gobierno y representantes municipales. El presidente de la FAM, Johnny Torres, señaló que existe unanimidad entre los municipios para solicitar la eliminación de la disposición.
“Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los GRACOs”, manifestó Torres.
La respuesta llegó del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien reveló que el Decreto 5676 está relacionado con uno de los condicionamientos establecidos por el FMI para avanzar en la liberación del precio de los hidrocarburos.
Aramayo justificó la decisión señalando que el Estado ya no puede continuar financiando una subvención que, según afirmó, estuvo marcada durante años por un elevado componente de corrupción.
“El decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto liberación del precio de los hidrocarburos”, sostuvo el ministro.
La revelación coloca al Gobierno frente a una creciente presión interna. El pedido de los municipios se suma a los reclamos de sectores productivos que consideran que el nuevo precio del combustible elevará sus costos y terminará trasladándose al consumidor.
En Santa Cruz y otros departamentos, productores ya establecieron un plazo hasta el domingo para que el Gobierno abrogue la norma y advirtieron que, de no existir una respuesta, podrían solicitar la convocatoria de la Asamblea de la Cruceñidad para definir medidas.
El Ejecutivo, sin embargo, sostiene que la modificación del régimen de precios forma parte de una estrategia para enfrentar la crisis fiscal y corregir las distorsiones generadas por la subvención a los carburantes.
Aramayo afirmó que Bolivia atraviesa una situación de “asfixia fiscal” y planteó que el debate sobre las autonomías no se limite a discutir una nueva distribución de recursos, sino que también contemple la sostenibilidad de las finanzas públicas y una revisión de las competencias entre los diferentes niveles del Estado.
En ese contexto, también se refirió al planteamiento del denominado 50/50, reclamado por sectores municipales, y sostuvo que el objetivo no debe ser únicamente repartir recursos existentes, sino generar nuevas fuentes de riqueza.
“No nos vamos a poner a distribuir pobreza”, afirmó Aramayo.
El conflicto por el Decreto 5676, por tanto, comienza a adquirir una dimensión política mayor: mientras municipios y sectores productivos reclaman su eliminación por el impacto económico que puede generar, el Gobierno sostiene que la medida forma parte de un proceso de reordenamiento fiscal y de compromisos internacionales.
El punto de tensión ahora es si el Ejecutivo mantendrá el decreto sin modificaciones o si abrirá la puerta a cambios para evitar que el rechazo de productores y autoridades municipales derive en nuevas medidas de presión.
Ahoradigital
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