El nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció que el Gobierno realizará ajustes al Decreto Supremo 5676, cuestionado por sectores productivos y del transporte debido a sus efectos sobre el acceso y el precio del diésel.
Morales señaló que la intención del Ejecutivo es modificar los aspectos que generan mayores dificultades, pero mantener vigente la norma. “Se tienen que realizar ajustes para minimizar los riesgos”, afirmó en una entrevista con Unitel, al señalar que se buscará que el decreto “no se abrogue”.
La autoridad planteó que los cambios deberán definirse mediante un proceso de diálogo con los sectores afectados. Según explicó, el objetivo es encontrar una salida que permita reducir los efectos negativos de la medida y, al mismo tiempo, preservar las decisiones adoptadas por el Gobierno dentro del nuevo régimen del diésel.
“Es importante que hagamos los ajustes que deban realizarse, pero en el marco de un diálogo totalmente respetuoso entre las partes con el único fin de que ambos podamos sacar adelante la economía”, sostuvo Morales.
La posición del Gobierno se conoce en medio de una creciente presión para dejar sin efecto el Decreto Supremo 5676. Organizaciones productivas y del transporte han cuestionado la medida y demandan su abrogación, argumentando que no resolvió el problema del abastecimiento y que, por el contrario, generó nuevas dificultades para acceder al combustible.
El ejecutivo de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Áñez, pidió directamente al Gobierno analizar la anulación de la norma y advirtió que la falta de diésel continúa afectando las operaciones del sector. También sostuvo que el decreto podría favorecer la especulación y la aparición de un mercado negro.
Mientras tanto, la presión social continúa. Productores del Beni instalaron este miércoles un bloqueo indefinido en el Puente San Pablo, en rechazo al Decreto 5676 y hasta que el Gobierno atienda su demanda de abrogación. Los productores aseguran que la falta de combustible ya afecta las labores de cosecha y preparación de nuevas siembras.
Con este escenario, el Gobierno apuesta por modificar la norma en lugar de eliminarla, mientras los sectores movilizados mantienen como principal exigencia su abrogación.
Ahoradigital
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