La Fundación Terra alertó sobre las recientes medidas adoptadas por el Gobierno respecto al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), advirtiendo que la intervención a la entidad y la asignación de nuevas competencias al Viceministerio de Autonomías vulneran el marco normativo agrario y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los procesos de saneamiento y titulación de tierras.
Cuestionó que el Viceministerio de Autonomías haya sido facultado para coordinar actividades de saneamiento, catastro y distribución de tierras, funciones que, según la organización, corresponden exclusivamente al régimen agrario establecido por la Ley 1715 y la Constitución Política del Estado. Esta decisión, afirman, puede abrir la puerta a la politización de la administración territorial.
La organización también señaló que la intervención al INRA solo sería legítima si se ejecuta como una auditoría agraria especializada, dirigida por una comisión técnica independiente y de alto nivel, con apego estricto a la normativa vigente.
INRA
Sin embargo, el Decreto Supremo 5488 —que reestructura el Órgano Ejecutivo— coloca al INRA bajo la supervisión del Ministerio de la Presidencia y la tuición del Viceministerio de Tierras, lo que, según la fundación, contraviene el principio de jerarquía institucional.
Juan Pablo Chumacero, director de Tierra, cuestionó que se someta al INRA a instancias ajenas a su naturaleza técnica.
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“No se debe subordinar el trabajo del INRA al Viceministerio de Autonomías. El INRA requiere institucionalidad y un marco agrario claro. Para eso hay que seguir los procesos establecidos por ley y designar a un director nacional como corresponde”, afirmó.
La organización recordó que en la última década se han denunciado múltiples casos de corrupción, tráfico de tierras, falta de transparencia y uso político de asentamientos en tierras fiscales. La ausencia de controles efectivos, señalan, generó un deterioro acumulado en los procesos agrarios que ahora podría agravarse si la reestructuración no respeta los límites competenciales.
Recomendación
Tierra remarcó que el saneamiento y la titulación son procedimientos técnico-jurídicos con naturaleza cuasi judicial que requieren independencia absoluta. Una intervención desde un órgano político-administrativo —como Autonomías— podría derivar en vicios de nulidad, inseguridad jurídica, judicialización masiva e incluso conflictos territoriales.
En sus recomendaciones, la organización instó al Gobierno a restablecer la institucionalidad agraria mediante la designación de autoridades idóneas en el INRA y en el Viceministerio de Tierras, respetando los procedimientos legales; cumplir con la elección del director nacional del INRA mediante una terna aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa; y preparar una auditoría técnica integral basada en diagnósticos verificables y metodologías claras.
La Razón
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