Ahoradigital.- El diputado de Unidad Nacional, Carlos Alarcón, cuestionó el proyecto de Ley de Inversiones anunciado por el Gobierno y afirmó que la propuesta no brinda garantías reales para atraer capitales al país. A su juicio, la iniciativa constituye una «venta de humo» y la seguridad jurídica que promete es solo aparente.
El legislador centró sus críticas en uno de los principales pilares del proyecto presentado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza: la exigencia de una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa para aprobar futuras nacionalizaciones o expropiaciones. Según Alarcón, ese mecanismo puede ser eliminado posteriormente por otra ley aprobada por mayoría simple, por lo que no representa una protección efectiva para los inversionistas.
«Este candado de plastilina se vuelve una ficción, un espejismo o una ilusión que no sirve para nada», sostuvo el diputado.
Propone cambiar la Constitución
Para Alarcón, el problema no se resuelve con una ley ordinaria, sino mediante una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE). Planteó incorporar una garantía constitucional que prohíba expresamente las nacionalizaciones, expropiaciones, estatizaciones, reversiones o cualquier otra forma de extinción unilateral de los derechos de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Asimismo, cuestionó que el proyecto mantenga la prohibición del arbitraje internacional para controversias en el sector de hidrocarburos. En su criterio, precisamente por el volumen de las inversiones en esa industria, debería habilitarse ese mecanismo para brindar mayor certidumbre jurídica.
¿Qué propone el Gobierno?
El proyecto de Ley de Inversiones, presentado la semana pasada por el Ministerio de Economía, busca convertirse en el marco jurídico para una serie de reformas destinadas a incentivar la inversión privada.
Entre sus principales medidas se encuentran:
Exigir el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa para futuras nacionalizaciones o expropiaciones.
Ampliar la protección patrimonial de las inversiones, incorporando activos tangibles e intangibles dentro de las indemnizaciones.
Restablecer el arbitraje internacional para controversias de inversión en la mayoría de los sectores económicos, con excepción de hidrocarburos debido a las restricciones constitucionales vigentes.
El Gobierno sostiene que estas modificaciones buscan ofrecer mayor previsibilidad a los inversionistas y reducir la incertidumbre jurídica, mientras que la oposición considera que las garantías son insuficientes si no se modifican las disposiciones constitucionales que permiten las expropiaciones y restringen el arbitraje internacional.
Fuente: Ahoradigital
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