Los economistas afirmaron que Santa Cruz y, en consecuencia, el país registrarán grandes pérdidas económicas como efecto del paro de 36 días. Estiman que la estabilidad económica demorará en restablecerse por lo menos tres meses y se prevé una elevada inflación en el primer trimestre del 2023, por una demanda poco dinámica que suele presentarse a principios de año.
“Vamos a tener probablemente dos meses donde la inflación va a ser más elevada. La inflación a octubre es del 2,89%, noviembre va a ser más elevada porque ha sido el centro del conflicto y diciembre también porque ,además, vamos a tener los gastos de fin de año. Se viene un problema de inflación que se verá en uno o tres meses más”, dijo el economista Gonzalo Chávez.
Agregó que es difícil determinar el valor exacto de las pérdidas, pero afirmó que hubo un “impacto duro” sobre la economía que tomará entre uno a tres meses en volver a su normalidad.
El ex director del Banco Central de Bolivia (BCB) José Gabriel Espinoza coincidió con Chávez y sostuvo que durante los próximos meses, además de la demanda deprimida, habrá un entorno inflacionario.
“Hay presiones en los costos no solo en los precios al consumidor, sino hay una fuerte presión a los productores y a los mayoristas que se fueron acumulando problemas antes de la pandemia. Probablemente tendremos un mercado con precios más altos y con un entorno regulatorio muy agresivo porque el gobierno trata de sostener esta idea de que el mercado tiene precios bajos a partir de una fuerte presión regulatoria, por tanto, las empresas lidiarán con estas presiones”, aseguró.
A diferencia de Espinoza y Chávez, el economista Roger Banegas se animó a decir que Santa Cruz perdió entre $us 25 y 28 millones. Incluso, dijo que Bolivia registrará al menos 65.000 pérdidas de empleo.
Para los tres economistas, la situación se complica ya que en general el último trimestre del año es el más productivo, a diferencia de enero a marzo cuando baja el nivel de la actividad económica.
Los sectores más afectados durante el paro y a los que costará más recuperar sus ganancias son los exportadores, que además del paro tuvieron que enfrentar la suspensión de las exportaciones de azúcar, carne de res, soya y sus derivados, promovida por el Gobierno al inicio del paro cívico.
A ellos se suma el transporte que por los bloqueos de caminos y carreteras no pudieron realizar sus actividades con normalidad.
Otras actividades que han parado al 100% son el sector de la gastronomía, servicios, entretenimiento, turismo, el comercio, las pequeñas y medianas empresas.
Para Banegas, el sector de servicios es el más perjudicado, excepto el sector financiero, que continuó realizando sus labores de forma relativamente normal con atención al cliente.
“Santa Cruz provee al país más del 70% de los alimentos y, desde luego, las repercusiones a nivel nacional han sido en desabastecimiento de res, pollo, productos lácteos. En otros departamentos se vio un fuerte incremento de los precios. Santa Cruz provee el 90% de la cascarilla de soya al país que es la materia prima para el alimento balanceado de animales de granja. Estos sectores se han visto afectados”, apuntó el economista cruceño.
Después del paro, los especialistas apuntaron que el país tiene el desafío de reconstruir las cadenas productivas, que se verán más afectadas a mediano y largo plazo.
“A eso hay que sumarle un Gobierno que quiere recuperar lo perdido en tributos e impuestos. Así que la presión regulatoria va a ser fuerte. En líneas generales, las empresas se tienen que preparar para un escenario poco dinámico en la demanda y, al mismo tiempo, muy agresivo en la regulación”, sostuvo Espinoza.
Considera que los aguinaldos y bono de fin de año serán difíciles de pagar. Mientras, la población por el endeudamiento y el deterioro de sus entornos laborales gastarán menos.
EL DEBER
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