Luego de los 36 días de paro en Santa Cruz por una Ley del Censo, las micro y pequeñas empresas del país se vieron afectadas y este lunes pidieron formalmente al Gobierno que gestione la postergación de tres meses en la cancelación de sus préstamos bancarios.
El secretario general de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Juan Carlos Vargas, señaló que debido a las pérdidas económicas algunas unidades productivas tuvieron que cerrar y varios trabajadores perdieron su fuente laboral.
“Queremos un diferimiento ya que se ha parado de manera forzosa. Nuestras ventas se han reducido en un 20% y 25% y no se ha podido cubrir todas las necesidades que tenemos como microempresarios”, aseguró.
Según Vargas, alrededor de 5.000 unidades productivas están cerradas y su situación es “muy adversa” y con muy poca posibilidad de que puedan reactivarse. Más de 30.000 trabajadores “están quedando en las calles”, dijo.
El dirigente aguarda que la respuesta a su solicitud pueda darse en el transcurso de esta semana “con carácter de urgencia” y esperan que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emita una normativa al respecto.
Espera que el diferimiento bancario sea por lo menos tres meses para permitir la reactivación de las micro y pequeñas empresas.
Asimismo, Vargas recordó que las mypes están en una situación complicada porque reportan más de $us 140 millones en pérdidas directas, solo en Santa Cruz, y de manera indirecta también los productores de otros departamentos se han visto afectados.
Medidas
El secretario hizo un llamado a las autoridades para que se elaboren planes y programas de contingencia y reacción inmediata para salvar algunas mypes y los miles de empleos en el departamento de Santa Cruz.
Recordó que “se vienen responsabilidades” por pagar en los próximos meses, como salarios, aguinaldos, alquileres, servicios básicos y además a las entidades financieras.
La Conamype anuncia que se sumará a las denuncias y querellas que se anunciaron contra el Comité Interinstitucional cruceño por las pérdidas económicas a causa del paro.
“(Vamos a pedir) justicia por los daños económicos, psicológicos, sociales que se han causado en nuestro departamento”, dijo y demandó que los responsables de la medida de presión tienen que “pagar las consecuencias”.
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