Un hombre fue encontrado sin vida, con impactos de arma de fuego, en la zona del Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra. Junto al cuerpo, los investigadores hallaron un cartel con un mensaje amenazante dirigido a Peter Maldonado, viceministro de Régimen Interior y Policía, según confirmó posteriormente el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez.
El mensaje advertía que el plazo se había cumplido y responsabilizaba a Maldonado por futuras muertes, además de exigir el pago de una supuesta deuda. La Policía considera que se trata de una amenaza directa contra la autoridad y la vincula con las operaciones ejecutadas contra organizaciones criminales.
La víctima fue asesinada a tiros
El cuerpo fue encontrado en un sector próximo a la avenida Busch, en inmediaciones del río Piraí. En la inspección preliminar, la Fiscalía reportó signos evidentes de violencia y varios impactos de proyectil de arma de fuego.
Posteriormente, el comandante policial señaló que la víctima, conocida con el alias de «El Chato», habría sido seleccionada al azar para utilizar su asesinato como medio de intimidación contra el viceministro. La hipótesis policial sostiene que el objetivo del mensaje era presionar a las autoridades para que frenen sus acciones contra estructuras criminales.
La Policía vincula las amenazas con operativos contra el crimen organizado
El comandante Adrián Álvarez afirmó que las amenazas estarían relacionadas con los operativos dirigidos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, el sicariato y el tráfico de armas.
Entre los antecedentes mencionados por las autoridades figura un operativo realizado el 24 de octubre en Concepción, Santa Cruz, que derivó en la aprehensión de ciudadanos extranjeros y bolivianos, además de la incautación de bienes, vehículos, armas y otros elementos.
Sin embargo, las circunstancias del asesinato y la responsabilidad de sus autores deben establecerse mediante la investigación correspondiente. La interpretación policial sobre el propósito del crimen constituye una hipótesis oficial y no equivale, por sí sola, a la identificación de los responsables.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y garantizar la seguridad de la población, en un contexto en el que las autoridades aseguran estar intensificando sus operativos contra estas estructuras.
Ahoradigital
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