Sin consenso el Congreso de Perú postergó nuevamente el martes (31.01.2023) la sesión para decidir el adelanto de las elecciones para este año, mientras cientos de manifestantes en el centro de Lima volvieron a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
El Congreso suspendió por tercera vez, desde el viernes, la sesión para debatir y votar sobre el anticipo de elecciones y se citó «para mañana, 1 de febrero, a las 11:00 a.m.» (17H00 CET), anunció la cuenta parlamentaria en Twitter.
En un parlamento fraccionado en más de diez fuerzas políticas, además de congresistas independientes, las bancadas de derecha impulsan el adelanto de elecciones, anticipadas previamente para abril de 2024.
Boluarte y el partido fujimorista de derecha Fuerza Popular defienden el adelanto de elecciones para apaciguar las protestas que ha dejado 48 muertos desde que empezó la crisis el 7 de diciembre.
Pero las bancadas de izquierda quieren que se incluya en ese proyecto de ley un referéndum sobre una Asamblea Constituyente, la gran manzana de la discordia entre la dirigencia política peruana.
En tanto, una nueva marcha antigubernamental volvió a recorrer un día más las calles de Lima para demandar la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, una manifestación protagonizada por una nueva estrategia policial, que resguardó una amplia área del centro de la capital.
Personas de diferentes partes de Perú comenzaron su manifestación a las 16.00 hora local (22.00 CET), la misma hora a la que el país esperaba el comienzo de la sesión del Congreso.
La Policía Nacional de Perú (PNP) cerró determinadas calles del centro con rejas y permitió el acceso a una de las vías que conecta al Congreso, la Avenida Abancay, que ha permanecido cerrada en anteriores marchas, pero retuvieron a los manifestantes a unas tres cuadras de la sede del Legislativo, algo que evitó los habituales enfrentamientos.
Los gritos de «Estado asesino», «Cierre del Congreso», acompañaban fotografías de fallecidos en las protestas, muñecos caricaturescos de Boluarte y banderas de numerosas provincias, comunidades y departamentos del país.
Como viene siendo habitual, la mayoría de los negocios permanecieron cerrados y las principales calles y avenidas contaron con una fuerte presencia policial.
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