La Fiscalía española archiva todas las investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I

La Fiscalía General del Estado de España ha archivado este miércoles las tres investigaciones que mantenía abiertas sobre el patrimonio del exmonarca Juan Carlos I, por lo que se descarta la presentación de una querella en su contra ante el Tribunal Supremo.

Casi dos años después de su salida del país, en agosto de 2020, fecha desde la que el exjefe de Estado reside en Abu Dhabi, se cierran las causas que indagaban en la fortuna que mantenía en el exterior oculta al fisco nacional.

Las pesquisas desarrolladas no han podido acreditar ni la cuantía, ni el origen de una fortuna. Ni siquiera los dos principales hitos: las sospechas de que hubiera recibido una millonaria comisión por la adjudicación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad a La Meca, ni el motivo por el que Arabia Saudí le habría hecho una donación de 100 millones de dólares, que acabarían en la cuenta corriente de la amante de Juan Carlos, Corinna Larssen.

Durante los últimos tres años, desde junio de 2018 el Ministerio Público ha podido conocer que el rey escondió al fisco al menos 77 millones de euros: los 65 millones provenientes de Arabia Saudí, casi dos millones regalo del Sultán de Baréin y más de 10 millones ocultos en dos sociedades en paraísos fiscales.

Inviolabilidad y prescripción

La Fiscalía alega en los documentos de archivo que Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad que le otorga la Constitución Española de 1978 cuando tuvieron lugar parte de los hechos investigados, mientras que otros se encuentran prescritos. Además, da por buenas las dos regularizaciones por las que el exmonarca abonó más de cuatro millones de euros.

Así, en la nota hecha pública este miércoles por la Fiscalía consta que se ha «detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad».

Así, se reconoce que el exjefe de Estado pudo incurrir en delitos fiscales entre 2008 y 2012 por los fondos percibidos de una fundación en una cuenta en Ginebra, pero que ninguno de ellos pueden ser perseguidos judicialmente.

Tomado de RT