Los partidos de la oposición en Italia rechazaron la primera medida del Gobierno de Giorgia Meloni contra las fiestas “raves”, al considerar que es liberticida, pues podría aplicarse también a otra serie de concentraciones y manifestaciones, como las protestas estudiantiles en institutos o universidades.
Este lunes, la primera ministra Giorgia Meloni y sus homólogos presentaron un decreto ley con las primeras medidas decididas por el nuevo Gobierno. Entre ellas, se introducía en el artículo 5 del Código Penal un nuevo tipo de delito sobre “la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública”.
El decreto fue aprobado de urgencia después de que durante el fin de semana miles de jóvenes italianos y de varios países de Europa participaron en una “rave” ilegal ocupando una nave en un terreno agrícola en Módena, centro de Italia.
“La juventud condenada al patíbulo”, reaccionó el escritor Erri de Luca al defender las manifestaciones musicales libres y gratuitas de varios días y que generalmente se celebran sin autorización en un edificio abandonado o al aire libre, llamados rave.
La medida, llamada en internet “Se terminó la fiesta”, propone confiscar los equipos de música, camiones y prevé una pena de entre 3 y 6 años de prisión y multa de entre 1.000 y 10.000 euros para quienes “organicen o promuevan” la reunión.
Asimismo, autoriza las escuchas telefónicas, lo que en principio sirve para delitos muy graves, como mafia o fraude fiscal.
“No hay vuelta atrás”, escribió en las redes sociales el líder de la gubernamental Liga y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, defendiendo que “las leyes se respetan”.
Preocupación entre la oposición tras medida contra las fiestas rave en Italia
Uno de los primeros en plantear dudas, inmediatamente después de la presentación de la nueva medida, fue Andrea Orlando, del Partido Demócrata (PD), que advirtió: “La ley antirave hay que leerla con mucho cuidado. Además de los castigos desproporcionados, puede que no solo se aplique a las raves”, escribió.
También intervino el líder del Partido Democrático, Enrico Letta, que calificó de “un gravísimo error” y aseguró que “las raves no tienen nada que ver con una regla similar” y que “es la libertad de los ciudadanos la que se cuestiona” y pidió su retirada.
Sobre la medida también se expresaron organizaciones como Amnistía Internacional Italia, que consideró que esta ley “corre el riesgo de tener una aplicación amplia, discrecional y arbitraria en detrimento del derecho a la manifestación pacífica, que debe ser protegido y no criticado”.
A las críticas, el Ministerio del Interior aclaró que “la ley anti-rave se refiere a la conducta de invasión arbitraria de grandes grupos que constituya un peligro para la salud y la seguridad pública” y que “no lesiona en modo alguno el derecho de expresión y la libertad de manifestación consagrados en la Constitución y defendidos por las instituciones”.
Con información de EFE y AFP.
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