Las explosiones de minas antipersonales instaladas en varias jurisdicciones de Colombia están afectando seriamente a las comunidades indígenas del país sudamericano, y las alertas volvieron a encenderse a finales de febrero, cuando un niño embera de 13 años perdió una pierna tras pisar uno de estos artefactos.
Uno de los contextos más dramáticos se vive en el departamento de Antioquia, al noroeste de aquella nación, donde resultó herido el menor. Allí, unos 2.000 aborígenes se vieron obligados a confinarse tras recibir advertencias sobre la instalación de minas en el municipio de Murindó.
Al respecto, las Fuerzas Armadas responsabilizan públicamente al movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a la organización narcotraficante Clan del Golfo, dos importantes grupos irregulares que se disputan el dominio del lugar. Asimismo, en las últimas horas los uniformados estatales compartieron videos sobre las tareas de desminado en la zona.
En medio de ese contexto violento, también se registraron desplazamientos de decenas de aborígenes en busca de resguardo.
«Exigimos la salida de grupos armados»
«Hoy exigimos de manera pública la salida de grupos armados de los resguardos indígenas. Son tierras que pertenecen al pueblo embera, no son tierras baldías, están resguardadas por 11 comunidades», dijo el vocero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), Wilfer Sánchez. Y sumó: «Insistimos en que es muy importante que el Gobierno nacional busque estrategias para dar una salida a través del diálogo a este conflicto en el Bajo Cauca antioqueño».
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En el departamento de Arauca se presenta un escenario similar. Entre las últimas noticias, medios locales reportaron este jueves que un campesino que circulaba en motocicleta por la ruta que une a las jurisdicciones de Palmarito y La Paz recibió el impacto de los explosivos, en un aparente campo minado.
Según el reporte oficial de la Octava División del Ejército colombiano, los efectivos que acudieron al lugar para asistir al herido habrían sido atacados por ráfagas de fusil, y un enfermero militar recibió un proyectil en un brazo. Desde aquellas fuerzas, sostienen que los explosivos fueron colocados por el ELN.
Además, de forma reciente informaron sobre la destrucción controlada de otros dos explosivos en el mismo departamento, cuya colocación también fue atribuida a la guerrilla.
A inicios de marzo, Noticias Caracol publicó la aparente confesión de un presunto «explosivista» del ELN, quien habría colocado los artefactos en el municipio del Chocó —donde murió un indígena— para «bloquearle el paso al Clan del Golfo».
Por su parte, en los canales de comunicación del movimiento insurgente no brindaron aclaraciones sobre las acusaciones del Ejército Nacional de Colombia. Entre señalamientos y posibles revelaciones periodísticas, resta por ver cómo resuelve la Justicia estos graves crímenes, y quiénes son los responsables.
12.000 accidentados por minas
Esta nación latinoamericana tiene un largo historial de enfrentamientos armados por parte de fuerzas estatales, guerrillas, grupos paramilitares y organizaciones dedicadas al narcotráfico. Entre ataques cruzados, esto significó la instalación de artefactos explosivos, que muchas veces tuvieron como víctimas a ciudadanos comunes que no tomaban protagonismo en el conflicto.
El director de la Campaña Colombiana Contra Las Minas (CCCM), Álvaro Jiménez Millán, afirmó este lunes que entre 1990 y 2021 hubo casi 12.000 personas accidentadas por este flagelo. En los primeros dos meses de este año, 30 individuos —entre militares y civiles— resultaron afectadas por los explosivos.
Sobre ello, Jiménez Millán criticó que los grupos armados de su país no respeten el Tratado de Prohibición de Minas, al cual Colombia está suscripto. Este convenio, que incluye a 164 países, establece que para 2025 las naciones firmantes deben tener erradicado el problema, fomentando la destrucción de estos peligrosos elementos. Igualmente, el problema parece de difícil solución si se considera que varios grupos irregulares, como el ELN, funcionan como si fuesen un Estado paralelo.
El Gobierno promete dejar 190 municipios libres de explosivos
En febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado especialmente para juzgar crímenes del conflicto armado, reconoció a un soldado como víctima y afirmó que el uso de minas antipersonales puede considerarse como un crimen de guerra. Sobre ello, el titular de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos —dependiente del Gobierno de Iván Duque—, dijo que se trató de «una decisión histórica».
Entre tanto, la administración de Duque prometió finalizar este mandato con 190 municipios libres de minas. Por ahora, según el Ejecutivo, en casi tres años de Gobierno se «ha logrado entregar casi 42 % del total de los municipios libres de sospecha de minas».
Igualmente, aunque bajó la tasa nacional de crímenes, se siguen registrando masacres contra la población civil y el 26 de febrero la oficina de Derechos Humanos de la ONU instó al Gobierno a «redoblar esfuerzos» para proteger a la ciudadanía.
De hecho, según Naciones Unidas, solo en 2020 se reportaron 133 homicidios contra defensores de los derechos humanos, de los cuales 90 fueron documentados. «La Misión de Verificación en Colombia también registró al menos 252 asesinatos de excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo de paz», remarcó Michelle Bachelet en su declaración.
Frente a este escenario, la respuesta de Duque fue anunciar la creación de un comando élite con más de 7.000 miembros para combatir al ELN y otras organizaciones irregulares, cuya determinación ya fue muy criticada por muchos movimientos sociales. En contrapartida, diversas agrupaciones indígenas insisten en que las tareas de desminado sean realizadas por personas ajenas al Ejército, para evitar una escalada de violencia mayor.
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Fuente: RT.
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