Once organizaciones opositoras nicaragüenses exigieron este miércoles (08.03.2023) a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General dedicada a la situación de Nicaragua.
«Ante la continua violación a los derechos humanos traducida en el despojo de la nacionalidad, el destierro, la confiscación, y ahora este golpe contra el sector privado, demandamos a la OEA que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General dedicada a la situación de Nicaragua», exigieron esos organismos a través de una declaración.
Esa sesión debe tener como objetivo «que se persiga la declaración de ilegitimidad y se invoque el principio de Proteger (R2P) por parte de sus Estados miembros, a la dictadura Ortega-Murillo por ser responsable de crímenes de lesa humanidad», recomendaron esos organismos, entre ellos Iniciativa por el Cambio.
«Así mismo solicitamos que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda llevar a cabo una investigación adicional para determinar el nivel de participación del Ejército de Nicaragua en la represión a las protestas del 2018», agregaron.
En su declaración, esos organismos hicieron un llamado «a que la OEA reafirme su liderazgo en la defensa de los valores democráticos ante todos sus Estados miembros y, fortalezca su papel en la demanda del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana».
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«De lo contrario, se estaría estableciendo una amenaza sin precedente a las democracias de la región», alertaron.
En el documento, esas organizaciones opositoras, entre ellas la Unidad Nicaragüense Autoconvocados, condenaron la disolución y el decomiso de bienes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal nicaragüense, así como de 18 de las cámaras empresariales que la integraban, por parte del Gobierno sandinista.
Decisiones arbitrarias de la dictadura
«Las organizaciones de la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio manifestamos nuestro rechazo a la cancelación arbitraria y confiscación de bienes del Cosep, a 18 de sus cámaras socias y, a la Asociación Cámara Minera de Nicaragua, por parte de la dictadura Ortega-Murillo», indicaron.
«Estas cancelaciones muestran una vez más que en Nicaragua los derechos políticos, civiles y económicos no tienen valía y que cualquier ciudadano, opositor o no, puede ser víctima de las decisiones arbitrarias de la dictadura», advirtieron.
Asimismo, agradecieron «a los sectores empresariales que han alzado su voz en contra de este atropello» e invitaron a las cámaras empresariales a nivel regional a sumarse a «las acciones condenatorias que ya se llevan a cabo a nivel internacional y, hacer uso de las instituciones correspondientes para demandar la restitución de la libertad de asociación en Nicaragua».
La disolución del Cosep fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch y publicada el lunes en el Diario Oficial La Gaceta, en uno de los golpes más duros contra las cámaras empresariales que ha propinado el Gobierno de Ortega.
Según Gobernación, las cámaras que estaban inscritas como organizaciones no gubernamentales no completaron el proceso de convalidación de registro o presentaron inconsistencias en la información.
Entre otros, mencionaron variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes en cuentas, y que no reportaron detalle de ingresos y gastos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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