La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez, ambos extraditados desde España a EEUU, fueron hallados culpables este martes de cargos de lavado de dinero, pero su abogada dijo a EFE que apelará.
Marissel Descalzo confirmó que Díaz Guillen fue hallada culpable de dos cargos y absuelta de uno y su esposo fue declarado culpable de los tres que se le imputaban.
A la pregunta de si apelará respondió con un «sí» claro y tajante y se excusó de hacer más comentarios, porque, según dijo, debía hablar «con la familia» de sus clientes.
Tras el veredicto del jurado, el juez William P. Dimitrouleas, de los tribunales federales de Fort Lauderdale (a 40 kilómetros de Miami), dictará la sentencia en fecha aún no determinada.
El veredicto está parcialmente «sellado», lo que significa que no se puede acceder a la argumentación del jurado a través de los registros electrónicos judiciales.
Sí está a la vista que Díaz Guillén fue declarada culpable de todos los cargos menos uno, mientras que Velásquez Figueroa fue declarado culpable de todos.
«Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el Gobierno», dijo a EFE Descalzo el 20 de noviembre, días antes del inicio del juicio.
Entre los llamados a testificar por la Fiscalía estuvo el también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, quien llegó a un acuerdo con los fiscales y evitó ser juzgado mediante una declaración de culpabilidad.
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En la misma causa en los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, el cual es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.
Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a la «enfermera» de Chávez y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
El matrimonio, extraditado desde España, ella en mayo y él en octubre de este año, es conocido como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 por un cáncer.
En los últimos meses los abogados de la «enfermera» de Chávez trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carece de «jurisdicción extraterritorial» para juzgarla.
Tanto ella como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española.
Fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamara por delitos relacionados con blanqueo de capitales.
La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».
Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y su esposo fue su jefe de seguridad.
Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España.
Venezuela solicitó a España su extradición en 2018 y fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento en su propio país.
Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría «peligro su integridad», un argumento que la Fiscalía de la nación suramericana rechazó por ver en este giro «una decisión política, motivada por el apoyo brindado por el Gobierno español» a la oposición.
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EFE
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