Se ha convertido en la cara más visible y polémica del gobierno de Dina Boluarte, y pese a ser un jurista experto en derechos humanos se le acusa de encabezar un gobierno que no los respeta.
Alberto Otárola es el primer ministro peruano y el más firme defensor de la respuesta que se ha dado a los manifestantes, quienes exigen la renuncia de Boluarte y elecciones inmediatas desde que Pedro Castillo fue detenido y destituido por su intento inconstitucional de disolver el Congreso.
Los violentos choques entre policías y manifestantes han dejado hasta ahora un saldo de 50 muertos y más de mil heridos, en medio de denuncias de excesos en la respuesta policial.
La violencia se ha disparado en las últimas semanas en el marco de los intentos de los manifestantes de tomar aeropuertos en el sur del país, y la sangrienta jornada del 9 de enero en la ciudad de Juliaca, que dejó 18 civiles y un agente de policía muerto volcaron las críticas hacia el jefe del gabinete y le valieron los reproches de organizaciones defensoras civiles. Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron que se investiguen las muertes de civiles.
Apartado durante muchos años de la primera línea de la voluble política peruana, Otárola ha asumido el difícil papel de encabezar un gobierno que se autodefine de transición y que se ha fijado como prioridad restablecer el orden y la libertad de tránsito ante los grupos que bloquean carreteras y asaltan aeropuertos en diferentes puntos del país.
Como primer ministro, lleva las riendas y se le considera el responsable de decisiones como declarar el estado de emergencia en Lima y varios departamentos, y de las instrucciones dadas a las fuerzas de seguridad para reprimir los desórdenes.
La Fiscalía abrió diligencias preliminares contra él y la presidenta por su posible papel en las muertes de civiles aún por esclarecer.
El periodista César Hildebrandt, considerado uno de los más influyentes del país, afirmó en su última columna semanal que «Otárola es quien dio la orden de que la Policía disparara a matar».
Otárola se defendió de las críticas señalando que «quien ha sido agredida es la Policía» y, pese a las encuestas que revelan una creciente impopularidad del Ejecutivo, descartó la renuncia de la presidenta porque «abriría las puertas a la anarquía».
¿Cómo se convirtió este abogado de 55 años en actor principal de la crisis política peruana?
De izquierda moderada
Nacido en el Departamento de Huaraz, Otárola se graduó como abogado en la Universidad San Martín de Porres.
Se especializó desde sus inicios en el tema de los derechos humanos, precisamente por lo que se le cuestiona hoy, y su tesis de grado llevaba el título de «El derecho internacional de los derechos humanos y su inserción en el sistema constitucional peruano».
Su especialización en el tema le llevó también a ser agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001.
La suya es una biografía que ha girado en torno a la abogacía y la política.
Fue uno de los jóvenes que en la década de 1990 se agrupó en el Partido Socialista Revolucionario, una formación de izquierda moderada liderada por el constitucionalista y político Enrique Bernales.
Bernales fue un destacado opositor al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y Otárola lo reconoce como su mentor político. De hecho, le dedicó unas palabras de homenaje en su primer discurso como primer ministro ante el Congreso.
Considerado por sus acólitos como «el discípulo más aventajado» del maestro Bernales, con él escribió varios libros de derecho constitucional.
Una familia volcada en la política
Otárola no es el único en su familia dedicado a la política. Su hermano Freddy fue congresista y llegó a presidir el Congreso peruano.
Sus primeros intentos en política se dieron en 1989, cuando se presentó como candidato a regidor distrital de la municipalidad limeña de Miraflores. Años después intentaría hasta en dos ocasiones ser elegido congresista.
No sería hasta el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cuando accedió a su primer alto cargo público. Tras ocupar puestos de asesor en el Ministerio de Defensa, fue nombrado viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos de dicho departamento.
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Ricardo Valdés, viceministro en Interior entonces, que participó en frecuentes reuniones con él, lo recuerda como «técnicamente solvente, muy buen conocedor del derecho administrativo», y «alguien a quien no le gustaba andarse por las ramas y estaba muy orientado al logro».
Otárola tenía entonces como prioridad la reforma de las Fuerzas Armadas que había proyectado el gobierno de Toledo.
Sin embargo, su gran oportunidad se la dio el presidente Ollanta Humala (2011-2016), con el que fue viceministro de Orden Interno del Ministerio de Interior. Después dio su gran salto, al ser nombrado ministro de Defensa en diciembre de 2011.
Pero menos de seis meses después, dimitió para evitar ser censurado por el Congreso después del escándalo provocado por la fallida misión de rescate de un grupo de rehenes de la empresa Transportadora de Gas de Perú secuestrados por militantes de Sendero Luminoso en el poblado de Kepashiato, en Cuzco.
Varios policías murieron y otros fueron abandonados en la selva en un operativo que causó indignación.
Juan Jiménez Mayor, primer ministro en aquel gobierno, le dijo a BBC Mundo que «no pudo tener una gestión cómoda y tuvo la mala suerte de aquel episodio, junto con la hostilidad del Congreso, le costó el puesto» en el gobierno de Humala.
Pero sus vínculos con Humala fueron más allá de la política. Fue el abogado de él y su mujer, Nadine Heredia, y logró que ambos fueran liberados después de que se decretara su ingreso en prisión por su supuesta participación en la trama Odebrecht, un asunto por el que hoy están siendo juzgados.
Regreso a la primera línea con Boluarte
Otárola siguió el camino habitual de muchos políticos peruanos y tras su breve experiencia como ministro desapareció de la primera línea.
Salvo esporádicas apariciones en los medios de comunicación, vivió lejos de los focos.
Hasta que el año pasado, Dina Boluarte, todavía vicepresidenta y ministra de Pedro Castillo, lo eligió como su abogado para defenderla de la acusación constitucional presentada en su contra por formar parte de un club privado cuando ya había accedido a un cargo público.
La denuncia se archivó y, tras los acontecimientos de diciembre, Boluarte se convirtió en presidenta y nombró a Otárola ministro de Defensa otra vez.
En tal condición fue el responsable del despliegue militar frente a las protestas en Ayacucho, donde ha habido diez civiles muertos desde la caída de Castillo.
Poco después, Boluarte lo nombró primer ministro y Otárola tomó directamente las riendas de la respuesta a la crisis.
Valdés cree que fue entonces cuando cometió los errores que le pueden condenar políticamente. «Lo primero que debió hacer antes de que hubiera tantos muertos fue convocar a los gobernadores regionales y plantear un adelanto electoral; no hacerlo les ha restado legitimidad».
Hildebrandt publicó que el gobierno «ignora que aun una política represiva monda y lironda debe darse en el marco de una estrategia». Para él, «el gobierno de Otárola no tiene nada de eso. Ni quiere tenerlo».
Así, pese al pasado izquierdista de ambos, Otárola y Boluarte han perdido el apoyo de la izquierda del arco político peruano y sobreviven solo con el de la derecha en el Congreso.
Jiménez Mayor afirma que «le ha tocado asumir una responsabilidad bastante incómoda, pero le ha faltado buscar signos para generar una mayor empatía en un momento en que hay una distancia cada vez mayor entre el gobierno y la población y una crisis de credibilidad muy seria en el país».
«Otárola es un hombre dialogante con el que se pueden llegar a acuerdos; el problema es que ahora ya no hay nadie con quien hablar«.
Richard Hancco Soncco, gobernador del departamento de Puno, donde se ha producido el mayor número de muertos, se lo ha dejado claro al negarse a recibir a los funcionarios enviados por el gobierno central para calmar los ánimos.
«Aquí se violaron los derechos humanos», afirma Hancco Sancco, que, como otros en la escena política peruana, no se conforma ya con una hipotética renuncia del primer ministro sino que exige abiertamente su detención.
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