Más de 20.000 empleados de Petrobras ―prácticamente la tercera parte de la plantilla de la mayor empresa estatal de Brasil― suman ya más de dos semanas de huelga, una situación que eleva el riesgo de desabastecimiento en el gigante sudamericano. El paro ha superado todo tipo de escollos: desde la amenaza por parte de la compañía de no pagar la nómina a los empleados que no acudan a trabajar hasta un fallo del Tribunal Supremo Federal (STF) a favor de la petrolera, que determinó que se reestableciera el porcentaje mínimo del 90% de empleados que han de seguir trabajando.
Pero sigue adelante, paralizando la actividad en 113 plantas repartidas en 13 Estados del país, según los datos de la FNP, la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo. Detrás del paro está la petición de que se anulen los despidos de los empleados de la fábrica de fertilizantes nitrogenados de Paraná, cuyo cierre definitivo ha sido comunicado recientemente por Petrobras y conlleva la salida de casi 400 empleados, y el cumplimiento de los acuerdos de negociación colectiva por parte de la empresa. Los camioneros hicieron un gesto a los petroleros este lunes al unirse a ellos en una protesta en el puerto de Santos contra el alto precio del diésel.
Ajena a la creciente presión, Petrobras se mantiene en sus trece: insiste en que el movimiento está “fuera de lugar” y afirma haber tomado las medidas oportunas para garantizar la continuidad de sus actividades. Según la compañía, los centros están operando adecuadamente, “con refuerzos de equipos de contingencia cuando hace falta, y no hay impactos en la producción hasta la fecha”. La petrolera estatal ha sido autorizada para contratar trabajadores temporales que sustituyan a quienes están huelga y no descarta importar combustible si es necesario para asegurar el normal suministro.
Riesgo de desabastecimiento
El paro ha elevado el riesgo de que no haya gasolina suficiente para abastecer las ingentes necesidades de consumo del país más grande de América Latina. Décio Oddone, director general de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), envió una carta al Tribunal Superior del Trabajo alertando sobre el riesgo de desabastecimiento de combustibles por la huelga de los trabajadores. En la misiva, obtenida por la agencia Reuters, Oddone afirma que, aunque Petrobras ha tratado de aplicar soluciones temporales y ha destinado equipos de contingencia a las instalaciones operativas, “la situación se aleja de la normalidad”. Hasta el momento no ha tenido impacto sobre el suministro. Pero “pero puede que se produzca”, subraya Oddone.
Los sindicatos discrepan: creen que la huelga no pone en riesgo la producción de la compañía y consideran que Petrobras utiliza dos discursos distintos para tratar la cuestión del desabastecimiento en función de cuál le interese más.
Protesta contra el giro liberal en la petrolera
Más allá de los casi 400 despidos en la planta de fertilizantes de Paraná, la plantilla denuncia que Petrobras no está respetando el acuerdo de negociación colectiva y reclama el fin de la política de paridad con el mercado internacional —que puso en marcha el Gobierno de Michel Temer y que ajusta el precio que del gas y la gasolina en función del tipo de cambio y de la cotización del petróleo en los mercados internacionales— que, argumentan, eleva el coste que han de afrontar los brasileños.
Los empleados de Petrobras también protestan contra la política de desinversión —que supone el cierre de plantas o la venta de activos a terceros— incluida en el giro liberal aplicado por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro. Bajo la dirección de Roberto Castello Branco, el hombre elegido por el presidente para ponerse al frente de la petrolera estatal, la empresa ha vendido activos, algunos de ellos fuera de Brasil y ha abandonado líneas de negocio como la de los fertilizantes. Su objetivo, dice, es reforzar el balance de una empresa —que ha sufrido un severo daño reputacional por su implicación en el caso Lava Jato— y concentrarse en la explotación de los vastísimos (y rentables) campos petroleros descubiertos en 2006.
Más allá de los movimientos tendentes a la desinversión interna, el Gobierno está inmerso en una profunda política de salida del accionariado de empresas participadas por el Estado, entre ellas Petrobras. El zar económico de Bolsonaro, el ultraliberal Paulo Guedes, mostró la semana pasada que seguirá al pie de la letra su plan de reducción del tamaño del sector público. En lo que va de mandato del ultraderechista, el Estado se ha desprendido de unos 6.000 millones de euros en acciones de la petrolera, una de las grandes joyas de la corona que todavía están en manos del sector público. El Ejecutivo no piensa, al menos por ahora, en privatizar la mayor empresa estatal brasileña y una de las grandes petroleras mundiales, en la que aún tiene algo más del 50% del capital.
Tomado de elpais.com
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