El gobierno panameño anunció este jueves el inicio de una investigación sobre posibles esterilizaciones realizadas en un hospital público a mujeres indígenas sin su consentimiento, mientras una comisión legislativa adelanta pesquisas para llevar este escándalo ante la justicia.
«El Ministerio de Salud inició una investigación relacionada a supuestos procedimientos quirúrgicos» para esterilización «sin el debido consentimiento de los pacientes», informó el gobierno en un comunicado.
Además, añade la nota, las autoridades sanitarias han solicitado «informes» a varias regiones del país.
La decisión de abrir una investigación se produce pocas horas después de que la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, manifestara que no había «datos veraces y fehacientes» sobre esterilizaciones de mujeres indígenas sin su permiso.
En Panamá «si no hay consentimiento informado no se realiza ningún procedimiento» de esterilización, dijo Berrio en el canal panameño TVN-2.
Berrio culpó también a la oposición de promover denuncias sin pruebas con el fin de oscurecer la labor gubernamental, pese a que en la comisión legislativa que investiga las denuncias hay diputados oficialistas.
«Este es un tema sumamente álgido, también entiendo la necesidad de los opositores de tirar este tipo de bombas para distraer a la población de las cosas fundamentales», manifestó Berrio.
Exministro «tenía conocimiento»
Las declaraciones de la funcionaria se produjeron tras las denuncias difundidas por la diputada suplente Walkiria Chandler, según las cuales, una docena de mujeres indígenas panameñas habrían sido infertilizadas sin su consentimiento.
«Me llama la atención que la ministra desestime un tema tan relevante como las posibles esterilizaciones sobre una población indígena alegando conspiraciones políticas, me parece que ella debería ser un poco más seria», afirmó a la AFP Chandler.
Incluso, según esta legisladora, el exministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quién dejó su cargo recientemente de manera temporal por problemas de salud, conocía estas denuncias.
«El ministro Sucre tenía conocimiento de esto», señaló Chandler.
Esta diputada independiente contó a la AFP que varias mujeres denunciaron haber sido infertilizadas sin saberlo.
La denuncia fue hecha a una delegación de la Asamblea Nacional -que Chandler integró- durante una visita en octubre de 2021 a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.
Según Chandler, tras esta visita, la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional giró una nota al entonces ministro Sucre, preguntando por las denuncias y solicitando, sin éxito, su comparecencia ante el órgano legislativo.
«Sumamente grave»
Las indígenas aseguran que quienes han tenido partos en el hospital señalado por las presuntas infertilizaciones perdieron su capacidad reproductiva, mientras que las que dieron a luz en sus comunidades pueden seguir reproduciéndose.
«Las mujeres se acercaron a nosotras, como figuras de autoridad, y nos contaron que a ellas se las está esterilizando sin su consentimiento», relató Chandler.
«Me preocupa porque al final del día lo que nosotros queremos conocer es qué pasó, cómo pasó y que no se distraiga a la opinión pública», añadió la parlamentaria.
La diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer, Zulay Rodríguez, dijo a la AFP que en los próximos días se creará una subcomisión legislativa para investigar los hechos.
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«Es sumamente grave y lo vamos a investigar», señaló Rodríguez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata). «Esto que ha sucedido no se va a quedar en la impunidad», agregó.
Muchos casos en América latina
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kayra Harding, acudió este jueves a la sede central de la Procuraduría (fiscalía general) para pedir de manera formal «que se hagan las investigaciones concernientes y se castigue al que resulte responsable».
«Que se esterilice a nuestras mujeres sin su consentimiento es un hecho grave», agregó Harding, del oficialista PRD.
Los expertos aseguran que los hechos denunciados en Panamá están más generalizados de lo que se piensa en la región, especialmente entre las comunidades indígenas.
En América Latina hay «muchas denuncias» de «esterilización forzada y esterilización sin consentimiento de las mujeres», afirmó a la AFP Claire Nevache, investigadora asociada del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá (Cieps).
«La población indígena es una población en un estado de particular vulnerabilidad a sus derechos humanos. Eso está muy claro», agregó la politóloga.
Además, por este caso Panamá se expone a demandas internacionales por la «gravedad» de las denuncias, concluyó Nevache.
Tomado de AFP
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