Los muertos se contaron por decenas. En total, incluido el presunto terrorista suicida, la cifra ascendió a 86. Los heridos fueron centenares y los afectados, la población argentina entera y el resto del mundo. La colectividad judía, la más numerosa fuera de Israel y de Estados Unidos, comprendió ese día, el 18 de julio de 1994, a las 9.53 en Buenos Aires, que había vuelto a convertirse en objetivo de una masacre histórica, la mayor desde el fin de la segunda Guerra Mundial.
La justicia argentina señaló a Hizbolá como el brazo ejecutor de un plan donde el cerebro del Gobierno iraní trazó la ruta de una furgoneta bomba para que estallara en el emblemático edificio de las sedes de la AMIA y la DAIA, las dos instituciones israelís, política y económica respectivamente, más importantes. En este aniversario negro, al cumplirse 25 años de una tragedia que no termina de esclarecerse, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordenó, «el congelamiento de activos de la organización Hizbolá, entidades específicas del ala militar que integran la misma y líderes de la organización». Dicho de otro modo, quedarán bloqueados los fondos de cualquiera persona o grupo sospechoso de lavar dinero con fines terroristas.
El Gobierno argentino, informó la medida a través de la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo hizo 24 horas después de crear el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), mediante un decreto y en vísperas de la llegada de Mike Pompeo. El secretario de Estado de Donald Trump perseguía esta medida desde principios de la actual Administración y la colectividad judía y el Gobierno de Israel, desde hace 25 años. Pompeo rendirá su particular homenaje a las víctimas antes de participar en la Reunión Ministerial de Antiterrorismo en el Hemisferio Occidental.
Día de luto nacional
Macri declaró «día de duelo nacional» y dispuso nuevas reparaciones económicas para las familias de las víctimas. El presidente se comprometió a «reiterar» en la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre, a «el pedido a la República Islámica de Irán para que coopere en a investigación de los hechos y el juzgamiento de sus responsables con las autoridades judiciales argentinas».
El atentado a la AMIA se produjo dos años después del bombazo a la Embajada de Israel que dejó un saldo de 29 muertos. En ambos casos, el dedo acusador de la justicia argentina apuntó a Hizbolá. Alberto Nisman, el fiscal especial de la Unidad AMIA, fue hallado muerto de un balazo en la cabeza en su cuarto de baño el 18 de enero del 2015, un día antes de que acudiera al Congreso a defender su acusación, por traición a la patria, contra Cristina Fernández, viuda de Néstor Kirchner. Nisman apuntó contra la por entonces Jefa del Estado de sellar un pacto de impunidad con Irán para proteger a los autores del atentado a la AMIA, a cambio de beneficios comerciales. Como consecuencia de aquella denuncia y tras un periplo judicial que a veces se hizo eterno, la expresidenta de Argentina y candidata a vicepresidenta en las elecciones del próximo mes de octubre, afronta un juicio más de la docena larga que la tienen en lista de espera.
abc.es
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