Ollanta Humala Tasso es el primer exmandatario de Perú que comparece ante la justicia por el caso Lava Jato, un supuesto y sistemático mecanismo de sobornos de empresas brasileñas como OAS y Odebrecht a los políticos del país andino. En el juicio, que comenzó este lunes, la Fiscalía pide 20 años de prisión por recibir dinero para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
El fiscal Germán Juárez expuso este martes que Humala recibió 9 millones de dólares repartidos de la siguiente manera: 6 millones del Gobierno de Venezuela presidido entonces por Hugo Chávez y 3 millones desde Brasil solicitado por el expresidente Lula da Silva a la empresa constructora Odebrecht.
En ambos casos, de acuerdo al magistrado, existía «una afinidad ideológica» entre el fallecido Hugo Chávez y Lula da Silva, con el exgobernante Humala, lo que explica el apoyo financiero a ambas campañas presidenciales.
En el 2006, Ollanta Humala perdió ante Alan García Pérez -quien se suicidó en abril del 2019 por el caso Lava Jato-; mientras que en 2011, Humala le ganó la presidencia a Keiko Sofía Fujimori.
Según refirió ayer el fiscal «concretamente, este caso se resume con la frase: blanqueando capitales a través de un falso nacionalismo», aludiendo así al nombre del partido que fundó Humala, el Partido Nacionalista.
A Humala se le acusa de ser coautor del delito de blanqueo de activos junto a su esposa Nadine Heredia, acusada del mismo delito, así como a un grupo de colaboradores en el que está n el hermano de Heredia, Ilan y su madre, Antonia Alarcón. A la esposa de Humala, Nadine, se pide la misma pena que a él: 20 años de cárcel.
Sometido a intereses de Venezuela y Brasil
«En este juicio vamos a probar que ese Partido Nacionalista se sometió a los intereses económicos de los países de Venezuela y Brasil», indicó Juárez, al tiempo que agregó: «Se va a probar que Humala y Heredia recibieron dinero ilícito del gobierno venezolano a través del expresidente Hugo Chávez y también de Brasil, de una empresa corrupta como fue Odebrecht».
De acuerdo al fiscal Juárez, Ollanta Humala «contactó» con Chávez a través de William Chávez Alcántara para que éste financiara su campaña por considerarse ambos políticos «afines ideológicamente».
«El dinero que ingresó a la campaña de Humala proveniente de Venezuela ascendió a 6 millones de dólares y llegó de los fondos del gobierno venezolano a través del Interaudi Bank utilizando a la empresa venezolana Kaysamak», explicó Juárez.
Según el fiscal, en la campaña del 2011, Humala recibió el apoyo de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht gracias al apoyo de Da Silva, que solicitó canalizar 3 millones de dólares que se usaron en publicidad a través de empresas ficticias.
En la primera sesión que se realizó de modo virtual el lunes 21 de febrero, Humala y su esposa señalaron que viven de su pensión y de su trabajo como pequeña empresaria, respectivamente.
En el juicio contra Humala y su esposa, se espera que el excolaborador, Martin Belaunde Lossio sea un testigo clave, pero hasta hoy no se ha aceptado su participación porque llegó extraditado de Bolivia por tres casos distintos a los que implican al expresidente: La Centralita, Antalsis y otro de corrupción en los gobiernos regionales.
La excandidata presidencial, Keiko Sofía Fujimori también es investigada por recibir fondos de la empresa Odebrecht en las campañas del 2011 y el 2016. El juicio oral de Fujimori seguirá al juicio oral que se lleva a Humala y donde se le investiga por blanqueo de activos y presentación de falsos aportantes durante sus campañas presidenciales.
El caso Lava Jato ha causado un tsunami político en la clase política peruana donde se investiga a todos los expresidentes desde el año 2001. En el 2016, fue encarcelado junto a su esposa y ahora afronta la apertura del juicio en libertad. El antecesor de Humala, el exmandatario Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por este proceso. Por su parte, Alejandro Toledo está en arresto domiciliario y se aprobó su extradición desde EE.UU. Pedro Pablo Kuczynski también está en arresto domiciliario desde hace tres años. Ambos están investigados por este asunto.
abc.es
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