Familiares de presos por la «guerra» antipandillas, declarada en 2022 en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, iniciaron el martes una campaña para conseguir visitas en las cárceles, donde hay más de 80.000 presuntos pandilleros.
Unas 200 personas, entre ellas la ama de casa Luisa Hernández, acudieron a la céntrica plaza Libertad de San Salvador, la capital, donde abogados del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) recibían documentos para tramitar la excarcelación de «inocentes».
Esta ama de casa de 48 años contó que no ha podido ver desde hace 20 meses a su hija Adriana, de 24 años, detenida en el marco de la «guerra» antipandillas de Bukele.
«Yo no digo que mi hija es inocente solo porque yo la parí, es porque tengo documentos como comprobar la inocencia», dijo Hernández a la AFP.
La «guerra» antipandillas, que hasta ahora acumula 82.000 detenidos, ha reducido drásticamente los homicidios en El Salvador, pero grupos de derechos humanos denuncian el arresto de miles de inocentes y abusos en las prisiones, donde desde hace dos años y medio no se permiten visitas de familiares.
La cruzada de Bukele se ampara en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial.
«Que haga lo mínimo»
Hernández relató que cada mes le llevaba a su hija un paquete de alimentos, ropa y papel higiénico hasta la cárcel de Apanteos, en Santa Ana, unos 65 km al oeste de San Salvador, pero este mes no ha podido hacerlo por carecer de dinero.
«Nosotros aquí afuera lo que pedimos al Estado es que haga lo mínimo y levante las restricciones a las visitas de familiares como lo ha pedido la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)», dijo Hernández.
«Somos personas pobres, somos personas de bajos recursos que estamos pagando los delitos que los criminales cometieron, solamente por vivir en una colonia de baja calidad de vida» que era controlada por una pandilla, agregó.
Samuel Ramírez, del directorio de Movir, dijo que los presos liberados relatan que en las cárceles «hay una crisis humanitaria». Además, «las familias no saben en qué condiciones están: si están muertos, están vivos, enfermos o en qué estado de salud».
«No lo he vuelto a ver»
Mientras hacía fila en la plaza para ser atendida por los abogados de Movir, Elizabeth Cañas mostró documentos que según ella sustentan la inocencia de su hijo Josué Alfaro Cañas, de 27 años, capturado el 3 de julio de 2022.
«Ya van más de dos años que ando luchando día a día porque me den respuesta y me le den la libertad a mi hijo. Mi hijo injustamente está en prisión», aseguró la mujer de 44 años a la AFP.
«Hasta la fecha no lo he vuelto a ver, no sé nada, y yo tengo muchos documentos que prueban que mi hijo era un hombre trabajador», agregó.
Además de una constancia que declara a su hijo limpio de antecedentes penales, Cañas muestra a la AFP unos diplomas de estudios, estado de cotización de fondos de pensiones y un acta de la empresa donde laboraba.
Uno a uno los familiares de los presos llegaban a las mesas instaladas bajo la sombra de árboles en la plaza, donde un equipo de abogados los atendían.
«Estamos en la disposición de poderles colaborar y haciéndoles el llenado (de un formulario) de una documentación importante», explicó a la AFP la abogada Jaqueline Martínez, de 29 años.
Indicó que los documentos serán entregados al comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán.
Según organismos humanitarios, un 30% de los detenidos en la «guerra» antipandillas son inocentes.
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