La Corte Suprema argentina ha paralizado este martes el traslado de tres jueces federales. Fue una decisión unánime y de gran trascendencia política, porque los tres jueces participan en causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la mayoría parlamentaria peronista ha hecho todo lo posible para apartarlos de su trabajo. Los cinco magistrados supremos no resolvieron el fondo de la cuestión, pero optaron por aceptar el recurso de los jueces debido a la “gravedad institucional inusitada” del asunto. Fue un claro bofetón para el Gobierno.
El Gobierno, sus parlamentarios y el Consejo de la Magistratura, controlado por el kirchnerismo, argumentan que Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los jueces en el centro del conflicto, fueron colocados de forma irregular en tribunales federales por el anterior presidente, Mauricio Macri, y consideran necesario desplazarlos de sus actuales puestos para corregir la supuesta anomalía inicial. Ocurre, sin embargo, que Bruglia fue quien ratificó la investigación sobre el “caso cuadernos” sobre presuntas comisiones ilegales percibidas por Cristina Fernández de Kirchner; que Bertuzzi condenó por corrupción a Amado Boudou, vicepresidente durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; y que Castelli es quien debe juzgar el “caso cuadernos”. Los tres son considerados enemigos por la poderosísima vicepresidenta.
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El intento de trasladar a los tres jueces es paralelo a la reforma judicial emprendida por el Gobierno de Alberto Fernández como cuestión prioritaria. Puede resultar sorprendente que en plena pandemia, con las dos cámaras del Parlamento obligadas a sesionar de forma virtual y bajo una durísima crisis económica, la cuestión judicial sea considerada de máxima prioridad. Para la oposición, el objetivo consiste en domeñar a los jueces y garantizar la impunidad de la vicepresidenta.
Cuando los tres jueces afectados apelaron directamente a la Corte Suprema saltándose instancias intermedias, en el llamado per saltum, y la Corte aceptó debatir el caso, Alberto Fernández se enfureció. “¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte [Carlos Rosenkrantz]? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”. “Lo único que estamos haciendo nosotros”, explicó el presidente de la República, “es restablecer un orden perdido en el gobierno anterior. ¿Qué pasaría si yo buscara un juez que me cae simpático y lo pongo en el juzgado vacante de Claudio Bonadío [el fallecido juez que imputó a la vicepresidenta]? Si hiciera eso sería un escándalo. Lo que quiero decir es que eso es lo que hicieron”.
Que el presidente, profesor de Derecho penal, cuestionara con tanta aspereza a los cinco magistrados de la Corte Suprema, resultó sorprendente. Más extraño fue un mensaje de la vicepresidenta y principal impulsora de los traslados. Cristina Fernández de Kirchner dijo que la Corte Suprema quería mantener a los tres jueces en la Cámara Federal “para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”.
Fue inusual la unanimidad de los cinco miembros de la Corte Suprema. El actual presidente, Carlos Rosenkrantz, y el anterior, Ricardo Lorenzetti, mantienen discrepancias jurídicas y personales; los otros tres, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, tampoco se entienden bien. En la justificación de su voto, Rosenkrantz escribió que en la causa “podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales, es decir, el derecho a permanecer en sus puestos mientras dure su buena conducta (artículo 110 de la Constitución)”.
“Es inocultable”, siguió, “que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues en su decisión se encuentra comprometida una institución básica del sistema republicano, cual es la independencia del Poder Judicial”. Fuentes de la Corte Suprema indicaron que la resolución definitiva se adoptaría en el plazo máximo de dos semanas. Leopoldo Bruglia, uno de los tres jueces cuestionados, dijo que la decisión de paralizar los traslados era “muy sana para la justicia en Argentina”. El presidente de la opositora Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, declaró que la decisión de la Corte Suprema suponía “un respiro democrático”.
El sábado, manifestantes de la oposición desfilaron ante el domicilio particular del juez supremo Lorenzetti, en una maniobra de coacción que el presidente Alberto Fernández calificó como “el más vil de los escraches, algo propio del fascismo y del nazismo”. Durante la noche del lunes, decenas de opositores protagonizaron una vigilia ante el Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema, con pancartas como “Mafia o República” y “Justicia independiente”.
elpais.com
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