La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde para que la Asamblea Nacional (Parlamento) lleve adelante un juicio político de censura contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de peculado (malversación de fondos públicos).
Con seis votos de los nueve jueces que integran el máximo organismo de control constitucional del país, la Corte presentó un informe favorable de “admisibilidad” al juicio político que tramita la Asamblea Nacional (Parlamento) en contra del jefe del Estado.
La Corte Constitucional sostuvo que fue aprobado el informe, aunque no admitió la causal de “concusión”, delito por el cual el mandatario también era acusado por la oposición desde la Asamblea.
El alto tribunal dejó sentado también una “falta de prolijidad en la activación” de la figura del juicio político, lo cual, no obstante, no influye en el fallo.
“Esta Corte exhorta a las instituciones involucradas en el juicio político a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y el Estado de Derecho”, agregó.
92 votos para la censura
La censura al jefe de Estado solo podrá aplicarse si la Asamblea, integrada por 137 legisladores, obtiene la mayoría calificada de un mínimo de 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la cámara y, de no obtenerlos, el proceso se archivará.
Además, la acción legislativa puede incluir una petición para que la Fiscalía y otros organismos de control Estado investiguen las denuncias contra el mandatario y se incluyan en una eventual instrucción del Ministerio Público.
Lasso advierte de “golpe de Estado parlamentario”
A Lasso la oposición lo acusa de ser el supuesto responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas, en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
Los opositores sostienen incluso que desde su cargo de presidente supuestamente protegió a algunos integrantes de ese presunto entramado, al aseverar que influyó en que se archivase una investigación de la Policía Antidrogas sobre presuntos nexos del empresario Daniel Chérres con una red de narcotráfico.
Sin embargo, Lasso ha negado enfáticamente y ha acusado a la oposición de urdir un “golpe de Estado parlamentario” en su contra, tal y como dijo el sábado 25 de marzo en su intervención en la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo.
En junio de 2022, Lasso ya salvó una situación similar por pocos votos, cuando en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena contra la política económica de su Gobierno y la carestía de la vida, la oposición planteó una moción de destitución presidencial que no prosperó.
Tomado de La República
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