Después de 17 años, en su nueva visita a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró un país “polarizado” y un sistema judicial que se aplazó otra vez como en aquella ocasión. Los comisionados detectaron además la falta de independencia judicial, el uso excesivo de la detención preventiva, la violencia contra los periodistas y abogó por la reconciliación para sanar las heridas abiertas en 2019.
Tras cuatro días de visita a cuatro ciudades, la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó este viernes los avances del Gobierno boliviano en la “inclusión social” y el reconocimiento a 36 pueblos indígenas, pero también confirmó la polarización política que vive Bolivia.
“Si bien la Comisión entiende que la polarización histórica que divide hoy a la sociedad se vio profundizada por las heridas abiertas en el 2019 estas solamente sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales contribuyan con su discurso a un ambiente favorable”, dijo De Troitiño en el informe preliminar de la visita.
La jurista agregó que “la violencia partidista producto de una extremada polarización política ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada”.
Como en 2006
En noviembre de 2006, 10 meses después de que Evo Morales asumiera el poder, la CIDH llegó al país para un monitoreo a los derechos humanos y en su informe destacó “cifras alarmantes que se encuentran directamente relacionadas con el acceso a la justicia, con marcada incidencia en las zonas rurales”.
Reportó además ese entonces que para un “proceso de inclusión social es fundamental la plena independencia de los poderes públicos y, particularmente, la garantía de imparcialidad del poder judicial”. Unos 17 años después, el sistema judicial se aplaza otra vez.
Este viernes, la comisionada De Troitiño informó que después de varias entrevistas que hicieron a lo largo de los cuatro días en Bolivia, la CIDH pudo detectar “la falta de acceso a la justicia” en el país, además de la “ausencia de independencia judicial”. A la lista se suma también las “reiteradas extensiones de detenciones preventivas” y la “retardación de justicia”. Por ello, invocó a una “profunda reforma del sistema judicial”, para conseguir la “independencia judicial” y a través de ella “la consolidación del Estado de derecho”.
Falta de independencia judicial
La comisionada informó que después de varias entrevistas que hicieron a lo largo de los cuatro días en Bolivia, la CIDH pudo detectar “la falta de acceso a la justicia” en el país, además de la “ausencia de independencia judicial”.
A la lista se suma también las “reiteradas extensiones de detenciones preventivas” y la “retardación de justicia”.Por ello invocó a una “profunda reforma del sistema judicial”, para conseguir la “independencia judicial” y a través de ella “la consolidación del Estado de derecho”.
En días en que en Bolivia se discute sobre el reglamento que aprobó el Movimiento Al Socialismo (MAS) para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, De Troitiño demandó a las fuerzas políticas del país a buscar el consenso. “La etapa de preselección requiere de concertación de todas las fuerzas para un proceso adecuado”.
La CIDH llegó el lunes y su agenda la llevó a cabo durante toda la semana en tres regiones del país, hizo visitas a cuatro recintos carcelarios donde se reunió con detenidos políticos como Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y el cocalero Apaza. Asimismo, tuvo encuentros con gremios de la prensa y de derechos humanos.
Sobre sedición y terrorismo
Tal cual sucedió con el informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), que en 2020 describió a las figuras penales de sedición y terrorismo, por lo que son procesadas las exautoridades Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, como ambiguas, la CIDH las calificó como delitos “poco claros y objetivos”.
“La existencia de tipos penales poco claros y objetivos tales como la sedición, el terrorismo y el incumplimiento de deberes, según testimonios recibidos en el marco de acusaciones de alrededor de 200 personas detenidas que se auto identifican como presos políticos”, dijo Troitiño.
Recibió denuncias de abusos policiales
En su informe, la comisionada Troitiño contó que recibieron denuncias “sobre el uso excesivo de la fuerza policial”, durante el paro cívico de los 36 días en Santa Cruz el año pasado, no obstante añadió que el “Estado se encuentra en fases de investigación”, de aquellos extremos.
La jurista citó después que a raíz de la aprehensión del gobernador Camacho en diciembre de 2022 “se registraron episodios de fuertes enfrentamientos”, con el “uso excesivo de la fuerza y por ello la Comisión reitera que la protesta social debe ser pacífica y condena todo tipo de violencia”.
Reivindicó el derecho a la protesta social pacífica, como un elemento esencial de la democracia, sin embargo pidió tener “cuidado” con grupos violentos que “apartados del derecho a la protesta”, puedan desnaturalizar la movilización. No identificó a los grupos.
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Piden sanar heridas
En la CIDH concluyeron además que la polarización en Bolivia se profundizó desde 2019, por ello convocaron a la sociedad a sanar heridas y a buscar la reconciliación. “La sociedad boliviana en su conjunto tiene hoy una oportunidad excepcional para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de reconciliación para ello se alienta a toda la sociedad a que redoble sus esfuerzos para generar verdaderos espacios de consenso que permitan trabajar un destino común en la diversidad”, leyó Troitiño.
La primera vicepresidenta añadió que se debe buscar el consenso y la comprensión mutua. “Si bien la Comisión entiende que la polarización histórica que divide hoy a la sociedad se vio profundizada por las heridas abiertas en el 2019 estas solamente sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales contribuyan con su discurso a un ambiente favorable”.
Hernández confirmó que la CIDH iniciará ahora el Informe Bolivia sobre el monitoreo de los derechos humanos en el país, luego harán conocer las recomendaciones y por último se conformará una Mesa de Seguimiento a esas sugerencias con el Estado.
Página Siete
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