En Bolivia cada día trae su propio lío. Agosto, en particular, fue el mes en el que se encontrarían dos picos: el de la confrontación política y el crecimiento desmedido de los contagios y las muertes por la Covid-19. Y aunque se esperaba superar este momento, la crisis continúa. La tensión política pareciera eclipsar los relatos de ciudadanos muertos en las calles, abandonados a su suerte y entregados al virus sin medidas suficientes de protección.
Sin importar las consignas de quedarse en casa o mantener la distancia para contener la propagación de la Covid-19, Bolivia regresó a su “vieja normalidad”. Aquella de finales de 2019, cuando multitudes enfurecidas se tomaron las calles tras la anulación de las elecciones generales por denuncias de fraude electoral.
Bloqueos en las carreteras protagonizados por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al partido del expresidente Evo Morales exigiendo una fecha inamovible de elecciones, impidieron por casi dos semanas la provisión de alimentos, oxígeno y otros suministros médicos destinados a hospitales públicos y privados. “Bebés prematuros necesitan oxígeno”, “En 72 horas se agotarán las reservas de oxígeno”, “Hospital en emergencia por falta de oxígeno”, fueron los titulares que se difundieron en los medios durante los últimos días, alertando la extrema emergencia.
El balance del Gobierno fue de unas 40 personas fallecidas por falta de oxígeno, aunque los movilizados negaron, en todo momento, que hubiesen obstaculizado el paso a equipos e insumos médicos. La crisis desatada al final llegó a todos. El domingo 16 de agosto se conoció la muerte por coronavirus de Esther Morales Ayma, hermana de Evo Morales. No falleció específicamente por la falta de oxígeno medicinal; era enferma renal y su caso se complicó por la Covid-19. Sin embargo, por la carencia de este insumo en los hospitales de la ciudad de Oruro, como en muchas otras partes del país, no pudo ser internada rápidamente en una de las escasas Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
Las acusaciones entre oficialismo y oposición no daban tregua, entre quienes defendían “su legítimo derecho a la protesta” y quienes los tildaban de atentar contra la vida. Con la promulgación de una ley que dispone la fecha de elecciones el 18 de octubre como día “definitivo, inamovible e impostergable”, se buscaba la cordura. Pero sólo logró una pausa en el conflicto.
La tensión política persiste, sin importar que el Gobierno asegure que logró una “segunda pacificación del país”. Aunque la ley que fija las elecciones generales hasta el 18 de octubre apaciguó los caldeados ánimos, una nueva pulseta se da ahora en torno a un proyecto de ley que busca proteger a dirigentes y personas que impulsaron los bloqueos en las carreteras del país argumentando su “legítimo derecho a la protesta”. Esta propuesta es fuertemente cuestionada por el oficialismo, que indica se cometieron delitos en estas jornadas de presión social.
Un tira y afloje de nunca acabar. Por un lado el mensaje de Morales, asilado en Argentina, contra el Gobierno interino de la presidenta Jeanine Añez contundente y sin ambigüedades: persecución política. De otro, la mandataria interina y también candidata, vista con desconfianza por su apego al poder, luego de anunciar que asumiría el encargo de la transición sin mayores ambiciones, pero que al final incluyó su nombre en la baraja de candidatos a la Presidencia.
Hace mucho la política desbordó las paredes del Palacio Quemado, que es como se conoce la sede del Poder Ejecutivo en el Estado Plurinacional de Bolivia, mientras continúa el incremento acelerado de los contagios de coronavirus. Desde el 11 de marzo, cuando se registraron los primeros casos de Covid-19, el recuento pasó de decenas en los primeros días a miles en las últimas semanas.
En un reciente artículo el The New York Times indicó que el número real de muertes en Bolivia es casi cinco veces mayor que la cifra oficial y “más del doble que el de Estados Unidos, y muy superior a los niveles de Italia, España y el Reino Unido, según cálculos ajustado en función de su población”. Localmente la publicación fue tomada con pinzas entre periodistas expertos en datos, que trabajan en su propio análisis. En cualquier caso, las fallas en las estadísticas oficiales son evidentes y ocultan la crítica realidad que golpea al país en más de cinco meses de pandemia.
En respuesta a la publicación estadounidense, las autoridades sanitarias admitieron que existe un subregistro de muertos por la Covid-19, pero rechazó que ese dato sea el correcto. “Obviamente no todo puede estar registrado, pero no es así como mencionan”, dijo el director nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto.
Aunque el gobierno emite cifras de actualización cada día, los datos que no se cuentan no son sólo números faltantes sino la prueba de que la enfermedad ahonda. No tomarlos en cuenta impide que las acciones sanitarias sea efectivas o vean la magnitud de la crisis.
Lo vivió en carne propia Alejandro Salamanca, un joven empresario que reside en la ciudad de La Paz, que ante la desesperación de no conseguir un espacio para internar a su madre publicó un pedido de ayuda desesperado en su cuenta de Twitter: “Diagnosticaron neumonía por #Covid-19 a mi madre. Fuimos de clínica en clínica y al hospital general. Nadie nos recibe. Ayuda. Mi madre se muere en mis brazos”. El clamor fue en vano, solo unas cuantas horas después ella perdió la vida.
Cuando el avance doloroso de la pandemia obliga a los países a extremar acciones para responder a la emergencia sanitaria, en el corazón de Sudamérica las decisiones asumidas resultan insuficientes ante las profundas grietas de un sistema sanitario abandonado por muchos años, como lo retrata esta investigación previa a la pandemia hecha por la Agencia Fides en alianza con Connectas.
El colapso de los hospitales y del sistema funerario, la escasez de insumos y reactivos para las pruebas, el limitado personal de salud y las dificultades para adquirir medicamentos muestran una Bolivia en estado de “calamidad pública” que se refleja en dramáticas escenas, cada día.
Las historias se cuentan por miles. Cubierto con una manta en el frío pavimento de una avenida de Cochabamba, en el centro de Bolivia, el 13 de junio apareció el cuerpo sin vida de un hombre. Horas pasaron hasta que las autoridades sanitarias fueran a buscarlo y tres días exactamente para que se confirmara que el deceso fue por Covid-19. Había recurrido a unos siete hospitales buscando atención, pero en ninguno fue aceptado y casi como si esperara lo inevitable encontró la muerte en la calle.
Los domicilios particulares, los automóviles y las vías públicas son escenarios del desenlace fatal de esta pandemia. Julio César Terceros es padre de tres hijos y trabaja hace seis años en el Cementerio General de Cochabamba, centro de Bolivia. A cinco meses de la llegada de la enfermedad, sabe que esto no es pasajero. “El Covid ha cambiado todo, yo creo que va a ser al menos dos años y hay que aprender a vivir así”, dice resignado. Su actividad, antes monótona, ahora ya no se trata solo de la muerte sino de la muerte sin despedidas y la desesperación por un espacio o el dinero para cubrir los costos del sistema funerario que van de 640 a 850 dólares.
El primer médico fallecido, el primer policía, el primer militar, el primer periodista, las primeras víctimas tienen nombre, apellido y hasta historias en los medios. Pero ahora ya los nombres se pierden entre las cifras, y las proyecciones indican que aún no se ha alcanzado el pico de la pandemia. Los números asfixian.
La fragilidad de la gestión de la ahora candidata Jeanine Añez se hace más evidente en su enfrentamiento con la Asamblea Legislativa de mayoría opositora. La pelea sigue el mismo libreto de los últimos meses. El gobierno acusa al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, de “ambición del poder” y éste le responde que el Ejecutivo tiene “afán prorroguista”.
El mensaje de “primero la salud y la economía” que la Presidenta interina ha masificado en spots difundidos en medios y redes sociales ha sido cuestionado porque aún resuenan con fuerza las denuncias de corrupción que involucró al exministro de Salud Marcelo Navajas y otros funcionarios en la compra de respiradores con sobreprecio y puso a Bolivia en la lista de los países en los que la salud fue enlodada por intereses personales.
La polarización política, más viva que nunca, esgrime discursos con mucha retórica y pocas acciones contundentes contra la pandemia. Bolivia expone nuevamente sus heridas, esas que mostraron al mundo un país fracturado, que aún están lejos de curarse.
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Fabiola Chambi es periodista con estudios de especialización en periodismo digital, ciudadano y de datos, así como en derechos humanos, social media y mercadeo. Es miembro destacada de la Comunidad Periodística de Connectas y fue la gestora del LT Data, primera unidad de datos de Bolivia en un medio de comunicación (2014).
Días de conflicto
Bloqueos. La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al partido del expresidente Evo Morales bloquearon carreteras exigiendo una fecha inamovible de elecciones.
Suministros Los bloqueos impidieron, por casi dos semanas, la provisión de alimentos, oxígeno y otros suministros médicos destinados a hospitales públicos y privados.
Contradicción El Gobierno dijo que al menos unas 40 personas fallecieron por falta de oxígeno; los movilizados negaron haber obstaculizado el paso a equipos e insumos médicos.
Víctimas El domingo 16 de agosto se conoció la muerte por coronavirus de Esther Morales Ayma, hermana de Evo Morales. No falleció específicamente por la falta de oxígeno medicinal; era enferma renal y su caso se complicó por la Covid-19.
Confrontación Las acusaciones entre oficialismo y oposición no daban tregua, entre quienes defendían “su legítimo derecho a la protesta” y quienes los tildaban de atentar contra la vida.
Pagina Siete
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