Tras la destitución del fiscal de materia I, Juan Pablo Mazzone, dispuesta por el fiscal general del Estado interino, Luis Montaño, el Gobierno expresó su rechazo y elevó el tono de sus cuestionamientos, denunciando la existencia de una supuesta estructura destinada a obstaculizar investigaciones en curso vinculadas al caso en el que está involucrado el exfiscal general Roger Mariaca.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que las decisiones recientes dentro del Ministerio Público formarían parte de una estrategia para interferir en procesos judiciales y debilitar el trabajo de los fiscales que llevan adelante las investigaciones.
“Lo que queremos denunciar ante el pueblo boliviano es justamente que esa maquinaria, esa estructura criminal está en acción (…) no es un problema con el gobierno, es un problema con el pueblo boliviano”, manifestó.
Gálvez apuntó directamente contra Montaño, a quien acusó de asumir atribuciones que no le corresponderían y de afectar el normal desarrollo de las investigaciones.
“En concreto, quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales, que de manera ilegal e ilegítima está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general”, sostuvo.
El vocero también cuestionó que se estén limitando las actuaciones fiscales en el marco de los procesos en curso y aseguró que existirían intentos de frenar la presentación de denuncias.
“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano que han cerrado el sistema para no admitir las denuncias”, agregó.
Finalmente, Gálvez remarcó que el Gobierno no tolerará acciones que consideren vinculadas a estructuras criminales o que busquen entorpecer la laboral institucional.
“Todo aquel que se ponga del lado del narcoterrorismo (…) recibirá una respuesta firme y directa de parte del gobierno”, advirtió.
Correo del Sur
Mira también
