La situación del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, será abordada por la Asamblea Legislativa este viernes, mientras un abogado constitucionalista señala que su aprehensión no implica automáticamente la cesación o destitución del cargo.
Mariaca cumplió ayer su segunda noche en calidad de aprehendido y aguarda el avance de las actuaciones judiciales que definirán su situación jurídica. Dos acciones de libertad permanecen pendientes de resolución, una en La Paz y otra en Santa Cruz.
Ambas tienen como accionantes a Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, y Martín Irusta, fiscal superior, quienes también se encuentran aprehendidos. Las decisiones judiciales sobre estas acciones podrían definir los siguientes pasos dentro del proceso que involucra a las autoridades fiscales.
El Gobierno afirmó que desarticuló una presunta organización criminal vinculada al narcotráfico y que esta operaba dentro del Ministerio Público, estructura que, según la versión oficial, estaría encabezada por el Fiscal General, quien fue aprehendido el jueves por supuestos vínculos con una red criminal.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el operativo se desarrolló en La Paz, Santa Cruz y Sucre y derivó en la aprehensión de 14 personas. Según la autoridad, las acciones permitieron desmantelar una estructura que habría operado al interior de la Fiscalía.
“Se desmontó una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante como es el Ministerio Público, encabezada por Roger Mariaca”, afirmó Oviedo durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de la Presidencia, Fernando Aramayo; y el comandante de la Policía, Adrián Álvarez.
En paralelo, Justiniano informó que Estados Unidos todavía no presentó una solicitud formal de extradición contra Mariaca, aunque no descartó que ese requerimiento pueda llegar posteriormente.
La situación jurídica de Mariaca también abrió un debate sobre la continuidad de sus funciones. El abogado constitucionalista Fabricio Góngora explicó que la aprehensión del Fiscal General no significa, por sí sola, su cesación o destitución.
“No ha pasado ninguno de los dos requisitos para hablar de cesación o destitución. No ha sido cesado de su cargo, ni mucho menos destituido”, sostuvo el jurista.
Góngora señaló que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece causales específicas para la cesación de un fiscal general, entre ellas una sentencia condenatoria ejecutoriada, una resolución definitiva de destitución, una renuncia aceptada, una incapacidad sobreviviente, el cumplimiento del periodo de funciones o el fallecimiento.
En ese marco, sostuvo que antes de designar a una nueva autoridad debe establecerse jurídicamente si existe una vacancia del cargo. “La Asamblea no puede elegir directamente a un nuevo Fiscal General sin determinar previamente si existe una vacancia legal”, explicó.
El abogado también explicó que la normativa contempla mecanismos de suplencia para determinadas situaciones. Uno de ellos corresponde a un impedimento temporal por viaje o enfermedad. Sin embargo, señaló que esas circunstancias no se aplicarían, según la información disponible, al caso de Mariaca.
La segunda posibilidad contempla situaciones como destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento definitivo. Para determinar cuál corresponde en el caso concreto, dijo que primero debe conocerse la situación jurídica del Fiscal General.
En caso de que corresponda una suplencia, esta recaería en un fiscal departamental o fiscal superior, siguiendo un orden de prelación establecido por la normativa. Ese orden considera, entre otros aspectos, la antigüedad en el ejercicio de las funciones dentro del Ministerio Público y la experiencia profesional.
Sin embargo, Góngora aclaró que la suplencia no opera automáticamente. La documentación que acredite la prelación debe ser presentada ante la Asamblea y posteriormente procesada por la comisión correspondiente.
La Asamblea tiene previsto abordar la situación del Fiscal General en una sesión bicameral convocada para las 09:30 de este viernes. El debate estará relacionado con la situación institucional del Ministerio Público y los mecanismos que correspondan ante la ausencia de su máxima autoridad.
El Gobierno, entretanto, cuestionó el “autonombramiento” de Luis Montaño como Fiscal General interino. Según la explicación oficial, Montaño no habría remitido la documentación necesaria para acreditar la prelación requerida para asumir una eventual suplencia.
Otro elemento que deberá ser esclarecido es el origen de los hechos por los que Mariaca fue aprehendido. Góngora explicó que, si los delitos investigados estuvieran relacionados con actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones como Fiscal General, correspondería analizar la aplicación del régimen de juicio de responsabilidades establecido para altas autoridades.
En cambio, si las investigaciones corresponden a hechos presuntamente cometidos cuando Mariaca ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz, el caso podría ser procesado por la vía ordinaria penal, según la interpretación expuesta por el abogado.
La Razón
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