El jefe de bancada de Creemos Erwin Bazán anunció ayer que abrirá una investigación sobre los procesos de compra de gases realizados en la gestión del exministro de Gobierno Carlos Romero. La exautoridad aseguró que sus contrataciones fueron “ejemplares” y consideró que lo que buscan es desviar la atención del caso de corrupción que compromete a Arturo Murillo.
“Tenemos información que se constituye en suficiente indicio para promover una investigación que vamos a realizar sobre la compra de gases en la gestión del señor Romero. Los mismos gases que compró Murillo, con sobreprecio, los compró Romero, en la misma cantidad, de la misma empresa y a un precio mayor del que terminó comprando Murillo”, anunció Bazán.
Hizo el anuncio luego de que una investigación por la compra de gases en la gestión de Murillo detectó un sobreprecio de 2,3 millones de dólares y se advirtió, dijo, que el costo pagado en diciembre de 2019 por esa adquisición era 700 mil bolivianos menor a favor de Estado, que el precio que se tenía como referencia en 2018, cuando Romero era titular de Gobierno.
Los datos se dieron a conocer el fin de semana, luego de que se envió con detención preventiva al penal de San Pedro a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa -un militar y un abogado-, quienes fueron aprehendidos e imputados por dos delitos en el caso que tiene como principales sospechosos a Murillo -detenido en EEUU por soborno y lavado de dinero- y al extitular de esa cartera Fernando López.
Ante estas acusaciones, Romero afirmó que no respondería las declaraciones de Bazán, a quien calificó como “un opositor tránsfuga”. Sin embargo, señaló que pedir una investigación de su gestión, sin conocer los detalles reales de las contrataciones, es una cortina de humo para desviar la atención en el debate sobre el caso de corrupción que implica al exministro Murillo y a la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.
“Responder es caer en la trampa y desviar el tema del debate. Murillo está viviendo su infierno porque contrató una empresa intermediaria, que salió con antecedentes de tráfico de armas al narcotráfico a Brasil (refiriéndose a Bravo Tactical Solutions) , y por eso pararon los primeros cuatro depósitos del Banco Central”, afirmó el exministro Romero en contacto con Página Siete.
Cuestionó el hecho de que en una primera parte del proceso de compra gestionado por Murillo, el representante de la firma intermediaria era funcionario del Ministerio de Gobierno (jefe de gabinete) y que se haya enviado a recoger los gases a Brasil de la empresa proveedora Cóndor, con un avión de la Fuerza Aérea.
“Eso significa que al costo que han pagado ellos (en la gestión de Murillo) hay que sumar el costo de ese vuelo chárter, hay que sumar los aranceles aduaneros, el IVA y el impuesto a las utilidades y si hacen la suma se darán cuenta que el negociado era aún más escandaloso (…) Lo que puedo decir es que las contrataciones mías han sido ejemplares, pulcras, dignas de ser sistematizadas como un modelo de contratación”, sostuvo Romero.
Sobre la acusación, ayer se conoció que según la demanda del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Murillo se quedó con gran parte del sobreprecio. El exministro se encuentra recluido en un penal federal a la espera de una audiencia cautelar que definirá si puede defenderse en libertad.
“Basándose en la revisión de las pruebas recogidas, se cree que este mensaje significa en la parte Ro a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal que recibiría 300 mil dólares; Ar, Arturo Murillo Prijic recibiría 600 mil dólares, pero divididos en 400 mil dólares a ser pagados en Cochabamba, Bolivia, y 200 mil dólares en Miami. Como se describe a continuación, Philip Lichtenfeld recibió de hecho 500 mil dólares y Sergio Rodrigo Méndez recibió de hecho, en beneficio propio y de Arturo Murillo Prijic cerca de 600 mil en Cochabamba”, se lee en la demanda, a la que accedió El Deber.
Denuncian la detención indebida de 2 exfuncionarios
El abogado Gary Prado denunció que dentro del caso de compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en la gestión del exministro Arturo Murillo, la jueza Ximena Palacios determinó el encarcelamiento de dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, pese a que acreditaron que cuentan con trabajo lícito y familia, por lo que no existe riesgo de fuga. La defensa espera que se realice la apelación.
El exdirector jurídico del Ministerio de Defensa Raúl López González y el exdirector general de logística Pedro Rea, en la gestión de Fernando López, fueron imputados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “Por una sesgada valoración de descargos, la jueza los ha enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, por seis meses. Estamos en apelación”, señaló Prado.
Afirmó que ambos son inocentes, pues sólo fiscalizaron el procedimiento de la contratación y el aspecto jurídico, además de que fueron contratados cuando el proceso de compra estaba ya en marcha.
Página Siete
Mira también
Comentarios